Desde este sábado, la venta de comida chatarra ha quedado prohibida en todas las escuelas del Sistema Educativo Nacional de México. Esta medida, impulsada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), busca garantizar un entorno escolar más saludable para los estudiantes y combatir la creciente crisis de obesidad infantil en el país.
La estrategia, anunciada en octubre pasado por el titular de la SEP, Mario Delgado, incluye cuatro ejes fundamentales: eliminar la venta de alimentos ultraprocesados en las escuelas, fomentar el consumo de agua natural, capacitar a los responsables de alimentación en nutrición saludable y promover la actividad física.
Un cambio necesario ante cifras alarmantes
Según datos de la Secretaría de Salud, hasta antes de la prohibición, el 98 % de las escuelas aún comercializaban productos de bajo valor nutricional, mientras que el 95 % ofrecía bebidas azucaradas y el 80 % vendía refrescos. Estos factores han contribuido a un aumento del 120 % en la obesidad infantil en las últimas tres décadas, de acuerdo con la organización El Poder del Consumidor.
«Contamos con todos los instrumentos jurídicos en la Ley General de Educación para regular que no haya comida chatarra en las escuelas», aseguró Delgado, subrayando el compromiso del gobierno con la salud de la niñez mexicana.
¿Qué pueden consumir los estudiantes?
El nuevo reglamento establece que solo se podrán ofrecer alimentos y bebidas con ingredientes naturales o mínimamente procesados. Entre los productos permitidos en las cooperativas escolares se encuentran frutas, verduras, tlacoyos, quesadillas, palomitas naturales, yogur sin azúcares añadidos y semillas como cacahuates y habas enchiladas.
Esta iniciativa ha generado diversas reacciones. Mientras que algunos sectores aplauden la medida como un paso clave hacia la reducción de enfermedades crónicas en niños y adolescentes, otros advierten sobre la necesidad de vigilar su implementación y garantizar opciones accesibles y saludables para los estudiantes.
La prohibición de la comida chatarra en las escuelas no solo busca modificar los hábitos alimenticios de los niños, sino también enviar un mensaje contundente sobre la importancia de la salud pública. Expertos en nutrición y educación coinciden en que esta política podría tener un impacto significativo en la reducción de enfermedades relacionadas con la mala alimentación, como la diabetes y la hipertensión infantil.
Con la entrada en vigor de esta medida, México da un paso firme en la lucha contra la obesidad infantil. La responsabilidad ahora recae en las escuelas, los padres de familia y la sociedad en general para asegurar que esta iniciativa no solo quede en papel, sino que se traduzca en un verdadero cambio en la alimentación de las nuevas generaciones.