México está entrando en una etapa crítica en materia de derechos digitales y libertades civiles, advirtió Luis Fernando García, cofundador y exdirector de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), al denunciar la consolidación de un sistema de vigilancia masiva sin precedentes, tras la aprobación de las nuevas leyes de Investigación e Inteligencia y del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, García alertó que este entramado legislativo —que incluye también reformas a la Ley de Telecomunicaciones, la Ley General de Población y normas en materia de desaparición forzada— permite a las autoridades acceder, sin control judicial, a bases de datos públicas y privadas en tiempo real.
“Se legaliza el espionaje militar que se ha llevado a cabo con ilegalidad todos estos años”, denunció, recordando el caso del software espía Pegasus, utilizado contra periodistas y defensores de derechos humanos. Ahora, dijo, ese tipo de vigilancia se institucionaliza y se amplía.
García explicó que la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia obliga a proveedores públicos y privados a entregar sus bases de datos a las autoridades, lo que significa que desde actividades cotidianas como comprar en línea hasta entregar la CURP en cualquier trámite quedarán registradas y cruzadas en un sistema centralizado.
“Todo va a requerir que des tu CURP, y a través de ese elemento se va a poder cruzar toda la información”, señaló. “El acceso a esa información no tiene ningún control”.
El experto advirtió que instituciones como la Guardia Nacional, el Ejército, las fiscalías y el Centro Nacional de Inteligencia tendrán acceso ilimitado y en tiempo real a esos datos, sin necesidad de autorización judicial ni mecanismos de rendición de cuentas. “Nunca te vas a enterar cuándo estén monitoreando tus datos”, aseguró.
Calificó esta nueva infraestructura como un “parteaguas histórico” que amenaza la privacidad, la no discriminación y el ejercicio pleno de derechos, sobre todo en un contexto político que carece de contrapesos. “No hay división de poderes. No hay autoridad de protección de datos: la acaban de desaparecer. No hay órgano de transparencia autónomo”, lamentó.
García también criticó la colaboración con el gobierno de Estados Unidos, al considerar que México está dispuesto a compartir datos para la persecución de migrantes mexicanos en situación irregular. “Es una traición utilizar el dolor de las familias de desaparecidos como pretexto para construir un sistema de vigilancia”, afirmó.
Pese a que se eliminó el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil de una de las iniciativas, advirtió que el registro sigue operando de facto a través de las empresas telefónicas, cuyos datos están disponibles para las autoridades.
Finalmente, denunció que la Plataforma Única de Identidad, que inicialmente se planteó para fines humanitarios en la búsqueda de personas desaparecidas, ahora estará al servicio del Centro Nacional de Inteligencia con fines amplios y sin restricciones.
“Estamos frente a un sistema autoritario de vigilancia digital. Suena escandaloso, pero eso es lo que dicen las leyes”, concluyó García, al llamar a la sociedad a no guardar silencio ante lo que calificó como una “irresponsabilidad histórica”.