El Instituto Nacional Electoral (INE) advirtió que la propuesta de reforma enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que plantea la creación de una nueva CURP con datos biométricos, podría tener efectos negativos sobre el padrón electoral y la credencial para votar, así como implicaciones en los procesos de identificación de personas desaparecidas.
Durante la sesión de la Comisión del Registro Federal de Electores, el director del área, Alejandro Sosa, presentó un análisis preliminar sobre los posibles impactos de la iniciativa presidencial. Entre las principales preocupaciones expuestas se encuentra la posibilidad de que la existencia de una identificación oficial alterna a la credencial para votar reduzca su relevancia y genere desconfianza entre los ciudadanos hacia el padrón electoral.
“Podría generarse un impacto negativo en la confianza ciudadana en relación con el manejo de sus datos personales por parte del INE”, señaló Sosa. Además, advirtió que la expedición de una nueva identificación con fotografía podría incidir en mayores niveles de abstencionismo, al disminuir la necesidad de tramitar la credencial electoral.
La propuesta de reforma abarca la Ley General en materia de desaparición forzada, la desaparición cometida por particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como la Ley General de Población. En ese contexto, la Secretaría de Gobernación tendría a su cargo la integración de datos biométricos en la CURP, mientras que la nueva versión digital estaría bajo responsabilidad de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Aunque la iniciativa prevé que la transferencia de datos biométricos se realice con autorización del titular y desde distintas instancias gubernamentales hacia el Registro Nacional de Población, no se especifica si el INE estaría obligado a compartir información del padrón electoral.
A pesar de las preocupaciones, Sosa consideró que el escenario también podría verse como “un área de oportunidad” para que las instituciones fortalezcan la verificación de la información contenida en el padrón y en la lista nominal.
Actualmente, el INE mantiene 33 convenios de colaboración vigentes con fiscalías y comisiones de búsqueda para la localización de personas desaparecidas. Sin embargo, siete entidades federativas —Baja California, Baja California Sur, Durango, Guerrero, Nayarit, Tlaxcala y Yucatán— aún no han firmado estos acuerdos.
La consejera electoral Carla Humphrey hizo un llamado a revisar los avances en la implementación de estos convenios, y a evaluar cómo la reforma presidencial podría influir en los trabajos del Registro Federal de Electores y en las labores de búsqueda e identificación de personas.
El debate sobre esta reforma continúa, con implicaciones clave tanto en materia de seguridad e identidad como en la integridad del sistema electoral mexicano.