A menos de una semana de concluir su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador amplió por dos años más el decreto automotriz que permite la regularización de vehículos usados importados. Esta decisión, publicada en el Diario Oficial de la Federación, extiende la vigencia hasta el 30 de septiembre de 2026, lo que ha generado críticas desde la industria automotriz, que califica la política como «nociva».
El decreto, originalmente implementado en 2022, ha permitido la regularización de más de 2.5 millones de vehículos en estados fronterizos como Baja California, Sonora, Chihuahua y Tamaulipas, entre otros. López Obrador defendió la medida afirmando que brinda certeza jurídica y protege el patrimonio de familias que poseen vehículos sin regularizar.
Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), expresó su preocupación por la decisión, señalando que «invade el mandato de la presidenta electa Claudia Sheinbaum». Los distribuidores lamentaron que López Obrador tomara una decisión «adelantada», ya que confiaban en que Sheinbaum revirtiera lo que consideran una política perjudicial para la economía y el medio ambiente.
Según la AMDA, el ingreso de autos usados extranjeros ha aumentado en un 52.7% durante el actual sexenio, afectando la venta de vehículos nuevos y seminuevos. Además, advirtieron que la falta de controles en la regularización de estos vehículos ha fomentado el contrabando y facilitado la participación del crimen organizado en la venta ilegal de autos.
A pesar de las críticas de la industria, Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco Servytur, defendió la medida, argumentando que ha sido vital para el desarrollo de las regiones fronterizas.