Redacción
España.- En el marco del tercer aniversario de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE), se reveló que aproximadamente 750 personas solicitaron este derecho durante el año pasado, marcando un incremento del 30% respecto a 2022. Estos datos preliminares, compartidos por el vicepresidente del Derecho a Morir Dignamente (DMD), Fernando Marín, subrayan la creciente demanda y los desafíos aún presentes en su implementación.
Según información obtenida por Europa Press del Ministerio de Sanidad, se registraron 323 prestaciones de eutanasia y 727 solicitudes en total durante 2023, abarcando todas las comunidades autónomas aunque con cifras aún provisionales. Sin embargo, Marín expresó preocupación por la falta de informes públicos en ocho regiones, incluyendo Canarias, Castilla-La Mancha y Madrid, lo que dificulta una evaluación precisa de la situación a nivel nacional.
Una de las principales críticas destacadas por Marín fue la demora en los procedimientos, que en promedio alcanzan los 75 días, excediendo ampliamente los plazos recomendados de 30 a 35 días. Esta dilación ha resultado en que un tercio de las personas que solicitan la eutanasia fallezcan antes de que se complete el proceso.
Además, se informó que aproximadamente el 20% de las solicitudes son denegadas por diversas razones, mientras que persisten discrepancias significativas entre las tasas de aplicación de la eutanasia en diferentes regiones de España. Esta disparidad, según Loren Arseguet de DMD, plantea serias preocupaciones sobre la igualdad de acceso al derecho, con variaciones notables entre territorios.
En términos comparativos internacionales, se mencionó el caso de Bélgica, donde la implementación inicial de su ley de eutanasia enfrentó desafíos similares de conocimiento y aplicación uniforme.
Ante estos desafíos, el DMD propuso tres medidas clave para mejorar el acceso y la aplicación de la eutanasia en España, incluyendo una mayor claridad en los procedimientos desde el inicio, una planificación adecuada de los recursos sanitarios para manejar objeciones de conciencia, y la designación de personal de referencia en diferentes niveles administrativos.
El testimonio de familiares de personas que ejercieron su derecho a la eutanasia subrayó la importancia de eliminar malentendidos sobre los requisitos y condiciones del proceso, defendiendo el derecho a una muerte digna y autónoma según los deseos del paciente.