La Cámara de Diputados aprobó este miércoles una reforma histórica que garantiza el acceso libre, gratuito y permanente a todas las playas del país, una medida que busca frenar décadas de intentos de privatización de la franja costera y devolver a los ciudadanos un derecho colectivo.
La modificación a la Ley de Bienes Nacionales y a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, impulsada por el senador Ricardo Monreal, fue avalada con 470 votos a favor y solo uno en contra, emitido por error por el diputado de Movimiento Ciudadano, Juan Armando Ruiz.
La nueva disposición establece que el acceso a las playas marítimas y la zona federal marítimo-terrestre contigua deberá ser libre para todos, sin distinción de origen, nacionalidad o condición social. Además, se prohíbe la imposición de cobros, cuotas o restricciones para ingresar, salvo en casos específicos relacionados con la protección ambiental, seguridad pública o interés nacional.
Las autoridades federales, estatales y municipales estarán obligadas a garantizar vías públicas de acceso seguras, señalizadas y con servicios básicos. Incluso las concesiones privadas deberán contemplar espacios de ingreso al público, y la Secretaría de Medio Ambiente permitirá el acceso gratuito a las áreas naturales protegidas al menos un día a la semana.
Monreal destacó que la reforma reversa el proceso privatizador iniciado en los años 80:
“No es solo el acceso gratuito a las playas, es un mensaje profundo de que nuestro movimiento cumple. Estamos regresando a los mexicanos un derecho que les pertenece”, afirmó.
El PAN, aunque votó a favor, expresó su inconformidad porque la reserva que modificaba varios artículos fue presentada minutos antes de la discusión. Aun así, el consenso se mantuvo y la reforma avanzó.
Se trata de la tercera reforma promovida por Monreal en los últimos 15 días, junto con la que prohíbe la venta de bebidas energéticas a menores de edad y la que obliga a plataformas digitales a establecer mecanismos inmediatos para cancelar servicios o suscripciones.
Con esta medida, México garantiza que ninguna playa podrá ser privatizada ni restringida, fortaleciendo el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de su patrimonio natural.