La pérdida para las finanzas públicas derivada del comercio ilícito de tabaco y cigarros en México podría alcanzar hasta 35 mil millones de pesos, pese a la ampliación de la base del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), advirtió Manuel Pérez Aguirre, investigador del Colegio de México (Colmex).
Durante el Foro sobre el Combate al Comercio Ilícito, organizado por la Secretaría de Economía (SE) y el Council of the Americas, el especialista señaló que el ajuste al IEPS, vigente desde el pasado 1 de enero, ha acelerado la expansión del mercado ilegal y ha profundizado la competencia desleal entre productos legales y apócrifos.
“El crimen organizado ha desarrollado una estrategia mixta multimillonaria que combina el contrabando con la fabricación local, generando una competencia claramente asimétrica: mientras una cajetilla ilegal puede venderse en 12 pesos, los productos legales alcanzan precios cercanos a los 100 pesos”, explicó.
El encuentro reunió a representantes de diversas industrias afectadas por el contrabando y la informalidad —entre ellas tabaco, bebidas alcohólicas, farmacéutica y textiles—, así como a autoridades federales, con el objetivo de intercambiar diagnósticos y propuestas sobre el impacto del comercio ilícito en la economía, la seguridad y las finanzas públicas.
En ese contexto, Gastón Zambrano, presidente del Consejo Nacional de la Industria Tabacalera, expuso que a partir de este año el precio de las cajetillas legales se incrementó hasta en 16 pesos por unidad, lo que ha ampliado la brecha frente a los productos ilegales. Ante ello, llamó a congelar el aumento al IEPS previsto, que contempla incrementos anuales de 8 por ciento hasta 2030.
El dirigente empresarial advirtió que la presencia de marcas ilegales se ha extendido a ciudades donde antes el contrabando tenía una incidencia limitada. “En Monterrey, por ejemplo, los productos ilícitos ya se encuentran en aproximadamente el 70 por ciento de los puntos de venta”, afirmó.
Durante el foro, los representantes de las distintas industrias presentaron a las autoridades una serie de recomendaciones para fortalecer el combate al comercio ilícito, entre ellas mejorar los sistemas de trazabilidad, reforzar los controles aduanales y la aplicación de la ley, así como impulsar una mayor colaboración entre el sector público y privado.
Por su parte, Ragnhild Melzi, vicepresidenta del Council of the Americas, subrayó que combatir los mercados ilícitos es una prioridad compartida, ya que el contrabando opera como una economía paralela que canaliza recursos a grupos delictivos, frena el crecimiento de las industrias formales y genera pérdidas crecientes para el erario.
Funcionarios de la Secretaría de Economía, junto con representantes de la Secretaría de Hacienda, el SAT, Aduanas y Cofepris, recibieron los planteamientos del sector privado y manifestaron su disposición para dar seguimiento a las propuestas. La SE reiteró su apertura para coordinar esfuerzos y avanzar en una agenda conjunta que fortalezca las acciones contra el contrabando y el comercio ilegal de cigarros en el país.