El Comité de Evaluación del Poder Legislativo (CEPL) informó que, de las 10 mil 887 personas que se registraron en tiempo y forma para buscar una candidatura a juzgadores del Poder Judicial de la Federación, se ha realizado una primera depuración, quedando «poco más de 5 mil» aspirantes, quienes están siendo entrevistados en las últimas dos semanas de enero.
En un mensaje dirigido a medios de comunicación, Ana Patricia Briseño, presidenta en turno de la comisión, detalló que solo avanzaron a esta etapa aquellos aspirantes que, según los criterios del CEPL, cumplen con los requisitos de «idoneidad«.
«A través de este proceso de evaluación, este comité busca asegurar que las personas seleccionadas para ocupar los altos cargos del Poder Judicial de la Federación cumplan con los principios fundamentales de competencia ética y compromiso con los principios fundamentales de la justicia», explicó Briseño. Asimismo, recalcó que el objetivo es avanzar hacia la consolidación de un Poder Judicial más fuerte, autónomo y confiable.
Proceso de insaculación en febrero
Ana Patricia Briseño anunció que el proceso de insaculación por tómbola se llevará a cabo los días 1 y 4 de febrero, mediante el cual se definirá la lista final de candidaturas. Este procedimiento deberá respetar el principio de paridad de género.
Durante las comparecencias realizadas esta semana, se registró una notable disparidad de género. El martes, de las 44 personas entrevistadas, 38 eran hombres y solo seis mujeres. El miércoles, fueron citados 33 hombres y 11 mujeres, según lo informado por la presidenta del CEPL.
Recorrido por la Vieja Casona de Xicoténcatl
Al término del mensaje a los medios, las comisionadas Ana Patricia Briseño, María Gabriela Sánchez, Maribel Méndez y Maday Merino Damián realizaron un recorrido por las instalaciones de la Vieja Casona de Xicoténcatl, sede histórica del Senado, para mostrar las áreas donde se llevan a cabo las entrevistas a los aspirantes a juzgadores.
Este proceso de evaluación es considerado un paso fundamental en la reforma del Poder Judicial, buscando asegurar que los futuros juzgadores cumplan con los estándares de imparcialidad, ética y competencia necesarios para fortalecer la administración de justicia en el país.