Redacción
México.- Para los comerciantes y productores de calzado, la propuesta de poner en el mercado artículos de contrabando y/o piratas a través del Tianguis del Bienestar es una ocurrencia sin sentido que atenta no sólo contra el mercado formal sino contra los propios consumidores.
«Es una ocurrencia que no tiene sentido. Aparentemente se trata de ayudar a los sectores más vulnerables, pero no darles artículos de contrabando o piratas que muchas veces no cumplen con las normas mexicanas que atenta finalmente contra su salud», sostuvo Alejandro Gómez Tamez, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG).
Señaló que además es una forma de legalizar mercancía que por su naturaleza es ilegal.
«Se puede abrir la puerta para que la empresa importadora ilegal pueda recuperar su mercancía y volverla legal. ¿El Gobierno va a fomentar el consumo de mercancía de contrabando?», cuestionó.
Añadió que en 2020, las ventas de calzado cayeron 34 por ciento en México y que en los primeros 4 meses de 2021 se detectó que 47 por ciento del calzado que se importa al País está entrando con precios subvaluados, por lo que la industria nacional enfrenta una situación compleja, como para añadirle más presión.
Dijo que en el primer cuatrimestre de 2021 las ventas lograron crecer 6 por ciento, lejos de sus ventas de 2019.
Miguel Ángel Martín, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Juguetera (Amiju), coincidió en que sería arriesgado dar mercancía confiscada a la población de bajos recursos si se sabe que no cumple con la normatividad vigente o es mercancía pirata.
«Tenemos que ser respetuosos de la Ley siempre, habría que cuidar que no se entreguen productos pirata a la población necesitada, porque sería causarles realmente un daño. Debe haber un respeto a la legalidad, donde no se afecten los derechos de otros, como el de autoría», mencionó.
Consideró que solo debería entregarse a la población vulnerable mercancía que cumple con la normatividad sanitaria y de seguridad.
«Solo sería buena idea entregar mercancía incautada que no cumplió con trámites fiscales, pero no aquella mercancía que es pirata o de dudosa fabricación», comentó.
Calculó que la entrega de mercancía confiscada a sectores de la población de escasos recursos no representaría realmente una afectación relevante a la industria juguetera, pues dicho mercado no representa más allá del 2 o 3 por ciento de las ventas totales.