Redacción
Quintana Roo.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha confirmado un alarmante derrame de cemento en el sistema de cavernas del Tren Maya, específicamente en las cuevas conocidas como «Garra de Jaguar», «Manitas», «Ixtun», «Openheimmer» y «Ocho Balas«. Este incidente ha desencadenado una preocupación generalizada por los impactos ambientales irreparables en la región.
El vertido de cemento ocurrió durante la colocación e hincado de los pilotes destinados a sostener el viaducto elevado del Tramo 5 Sur del Tren Maya. Según el informe presentado por la Profepa al Juzgado Primero de Distrito en Mérida, Yucatán, el cemento se filtró hacia el acuífero que atraviesa las cavernas afectadas, solidificándose y provocando daños significativos al ecosistema subterráneo.
Este incidente ha suscitado una serie de preocupaciones entre la comunidad, especialmente entre los ciudadanos de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, quienes obtuvieron una suspensión definitiva notificada en enero pasado. Sin embargo, esta medida no ha sido acatada por el gobierno federal ni por las empresas subcontratadas responsables de las obras.
El informe de la Profepa también confirma otros daños ambientales, incluyendo el proceso de oxidación de pilotes, el colapso del techo de un cenote sin nombre y la modificación de las cuevas debido a la instalación de las pilas. Además, se ha constatado la extracción de agua sin autorización, el relleno y sepultamiento de cavernas, y la presencia de restos de material derivado de perforaciones en el manto acuífero, entre otras violaciones ambientales.
La activista Patricia Godínez expresó su consternación ante estos hallazgos, calificando el informe como «escalofriante» y resaltando la urgencia de detener las obras del Tren Maya para evitar una mayor degradación del medio ambiente.
El biólogo y espeleobuzo Roberto Rojo denunció la falta de sanciones contra los responsables y recordó que las obras del Tren Maya han impactado al menos 120 cavernas en el Tramo 5 Sur, generando una pesadilla ambiental para la región.
Ante la gravedad de la situación, el juez Adrián Fernando Novelo ha ordenado una inspección judicial para acreditar el desacato a la suspensión definitiva y ha solicitado el apoyo del Poder Judicial de Quintana Roo para abordar este problema ambiental de gran magnitud.