Redacción
Estados Unidos.– La DEA destituyó discretamente a su funcionario de más alto nivel en México el año pasado por contactos inapropiados con abogados de narcotraficantes, un final vergonzoso para una gestión breve marcada por el deterioro en la cooperación entre ambos países y un flujo récord de cocaína, heroína y fentanilo hacia Estados Unidos.
El hecho de que Nicholas Palmeri haya socializado y vacacionado con abogados de Miami que representan a narcos, actividades detalladas en registros confidenciales revisados por The Associated Press, a la larga provocó su caída después de sólo 14 meses de ser el poderoso director regional de la agencia antinarcóticos, el cual supervisa a docenas de agentes a lo largo de México, Centroamérica y Canadá.
Pero investigaciones internas por separado generaron otras señales de alerta, incluidas quejas sobre el manejo laxo de la pandemia de COVID-19, a consecuencia de lo cual dos agentes enfermos tuvieron que ser trasladados en avión fuera de México. Y otra, divulgada la semana pasada, encontró que Palmeri aprobó el uso de fondos de la lucha contra las drogas para propósitos inapropiados y solicitó que se le reembolsaran con el fin de pagar su propia fiesta de cumpleaños.
“El puesto de director regional en México es el más importante de las operaciones extranjeras de la DEA, y cuando ocurre algo como esto, es problemático”, dijo Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la agencia.
“Es aún más crucial debido al deterioro en la situación con México”, agregó Phil Jordan, exdirector del Centro de Inteligencia de El Paso, perteneciente a la DEA. “Si no tenemos un director o agente regional fuerte a cargo allí, eso va en contra de las operaciones generales de la agencia porque todo transita a través de México, ya sea que provenga de Colombia o el fentanilo que fluye desde China. No se puede tomar a la ligera”.
El caso de Palmeri se suma a crecientes ejemplos de conducta ilegal que afectan a la principal agencia de Estados Unidos para el combate a las drogas, en un momento en que sus amplias operaciones extranjeras —que abarcan 69 países— están bajo el escrutinio de una revisión externa ordenada por su administradora, Anne Milgram.
Se tomó la decisión de efectuar esa revisión en respuesta al caso de José Irizarry, un exagente caído en desgracia que ahora cumple una sentencia de 12 años en una prisión federal después de confesar haber lavado dinero para cárteles colombianos y sustraer millones de dólares de incautaciones con el fin de financiar viajes de lujo, fiestas y prostitutas.
El de Palmeri es el segundo caso en los últimos meses que arroja luz sobre las interacciones a menudo cordiales entre funcionarios de la DEA y abogados de Miami que representan a algunos de los mayores narcotraficantes y lavadores de dinero de Latinoamérica. El año pasado, fiscales federales acusaron a un agente de la DEA y a un exsupervisor de filtrar información confidencial de las fuerzas policiales a dos abogados defensores anónimos de Miami a cambio de 70.000 dólares en efectivo.
Uno de esos abogados, al que funcionarios estadounidenses actuales y anteriores identificaron como David Macey, también se vio envuelto en la investigación sobre Palmeri. Registros internos de la pesquisa muestran que Macey recibió a Palmeri y a su esposa nacida en México durante dos días en su casa en los Cayos de Florida, un viaje que, según la DEA, no tenía ningún propósito laboral útil y violó las reglas que rigen las interacciones con abogados, las cuales están diseñadas para evitar incluso dar la apariencia de irregularidades.
Palmeri, de 52 años, reconoció ante los investigadores que se quedó en la casa de descanso de Macey, que su esposa trabajaba como traductora para otro abogado destacado, Rubén Oliva, y que hizo un viaje no autorizado a Miami con su mujer en febrero de 2021.
El supuesto propósito del viaje a Miami había sido “interrogar” a una fuente confidencial. Pero tuvo lugar en una casa privada a la que Palmeri llegó con su esposa y una botella de vino, según el informe interno.
“La reunión tenía la apariencia de una interacción social con una fuente confidencial”, escribieron los investigadores, “y no hubo documentación oficial contemporánea de la DEA con relación al asunto del interrogatorio, ambas violaciones a la política de la DEA”.
Esas violaciones provocaron que Palmeri fuese transferido abruptamente a las oficinas centrales en Washington en mayo de 2021, antes de que finalmente dejara el cargo en marzo pasado, muestran los registros. Palmeri les dijo a los investigadores que él no había dado muestras del “mejor criterio”.
La DEA no quiso hablar sobre los detalles de la destitución de Palmeri ni acerca de por qué se le permitió retirarse en lugar de ser despedido. Pero un funcionario le dijo a la AP que la agencia “tiene tolerancia cero en lo que respecta a contactos inapropiados entre abogados defensores y empleados de la DEA”.
“La DEA investiga enérgicamente esta conducta inapropiada grave y toma medidas decisivas, incluida la expulsión de los empleados que participen en ella”, aseguró el funcionario, que carece de autorización para hablar en público y pidió no se diera a conocer su nombre.
Por su parte, Palmeri dijo que las investigaciones en su contra por conducta inadecuada eran una “cacería de brujas” provocada por celos personales y profesionales de los que se negó a dar detalles, y “un relato mal planeado para destituirme de mi cargo”.
Palmeri agregó que todas sus relaciones con abogados “siempre han sido profesionales y éticas”, y que todos sus gastos en México fueron “sensatos” y beneficiaron al gobierno de Estados Unidos.
“Es irónico”, escribió Palmeri en un correo electrónico, “que el Departamento de ‘Justicia’ le cometiera esta injusticia al país”.