Redacción
México.- El gobierno de los Estados Unidos deportó al principal accionista de la Sociedad Financiera Popular, FICREA, Rafael Antonio Olvera Amezcua, quien está acusado de cinco delitos, entre ellos delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Tras la llegada del imputado, se celebró la primera audiencia alrededor de las 10:10 de la noche, pero se decretó receso hasta las 23:30 para que se presentara la carpeta de investigación de las autoridades.
Al regreso del mismo, autoridades informaron que se acogió a la duplicidad, por lo que continuarán las audiencias hasta el día 7 de marzo de 2022. Sin embargo, el juez Francisco De Jesús Delgadillo Padierna le impuso al ex dueño de Ficrea la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que vivirá todo su proceso legal tras las rejas.
A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó que “gracias a la cooperación binacional en el marco del Entendimiento Bicentenario, la Fiscalía General de la República, junto con las autoridades de la Agencia de Control de Aduanas e Inmigración (ICE), concluyeron de manera exitosa la extradición a territorio nacional del ciudadano Rafael O”.
El objetivo, es que fuera puesto a disposición de las autoridades federales mexicanas por el caso Ficrea, en el que más de 6 mil personas, principalmente adultos mayores, fueron estafadas.
A Rafael Olvera se le acusa de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y violación a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de acuerdo con la SRE.
“El Gobierno de México reconoce la cooperación del Gobierno de los Estados Unidos para hacer frente a los crímenes transnacionales desde una visión de responsabilidad compartida y respeto a nuestras soberanías”, escribieron en el comunicado.
El caso de Olvera Amezcua
Este hombre —detenido en 2017 en Texas, EEUU— está acusado de defraudar mediante una financiera (FICREA), por ello, desde hace cinco años, los afectados habían solicitado la extradición de Olvera Amezcua.
Ficrea brindaba servicios financieros como productos de inversión, ahorro y créditos. Operaba como una Sociedad Financiera Popular (Sofipo) gracias al aval del gobierno que recibió en 2008. Dos años más tarde, esta caja de ahorro fue comprada por un grupo de empresarios, entre los que destacó Rafael Olvera Amezcua, principal accionista con el 99.92% del capital de la compañía.
Los nuevos operadores la hicieron crecer hasta que se convirtió en la segunda sociedad de ahorro popular más grande del país. El escándalo llegó cuando la CNVB auditó la empresa y detectó varias operaciones irregulares que podían proceder del lavado de dinero o un manejo fraudulento, así que decidió suspender las operaciones de Ficrea el 7 de noviembre de 2014.
Los afectados firmaban dos contratos. El primero con Ficrea, con el que se les otorgaba un crédito, y el segundo con otra empresa relacionada como Leadman Trade, Baus & Jackman Leasing y Monka Comercial a donde desviaban los recursos sin supervisión de la Comisión Bancaria.
El mayor beneficiario de los recursos fue Rafael Olvera Amezcua, quien se dio una vida de lujos, por lo que fue demandado ante una corte de Florida, Estados Unidos.
Se presentaron al menos 100 denuncias por el fraude, pero la mayoría desistió de la acusación. A la fecha, el 5% de los clientes continúa con los procesos para recuperar sus ahorros, que en conjunto equivale a 800 millones de pesos.