Una diputada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) impulsa en la Cámara de Diputados una iniciativa para despenalizar la muerte asistida en México, con el objetivo de permitirla a personas mayores de 18 años que la soliciten de manera expresa y por escrito, bajo estricta regulación sanitaria y médica.
La propuesta, presentada por la legisladora Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal. En ella se establece que la muerte asistida podrá practicarse “sin que ello constituya delito o dé lugar a acción civil por daños y perjuicios”, siempre que se realice conforme a la ley y a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud.
De acuerdo con el documento, la solicitud deberá ser informada al Comité de Bioética correspondiente, el cual evaluará la aptitud de la persona solicitante y la procedencia del procedimiento. Asimismo, la Secretaría de Salud será la encargada de emitir la normatividad que defina los requisitos, procedimientos, formatos y tiempos de reflexión necesarios para la aprobación y ejecución de la muerte asistida.
La iniciativa precisa que el personal médico que practique estos procedimientos deberá contar con autorización oficial y podrá negarse a realizarlos en cualquier momento, invocando objeción de conciencia. En ese caso, la institución de salud deberá asignar a otro médico no objetor para llevar a cabo el procedimiento, conforme a la normatividad vigente.
El proyecto define la muerte asistida como la “terminación intencional de la vida”, practicada por personal médico autorizado a solicitud expresa de la persona, mediante eutanasia o suicidio asistido. La eutanasia se describe como el acto intencional realizado por un médico para poner fin a la vida del solicitante, previa autorización de la autoridad competente, mientras que el suicidio asistido implica que el médico proporcione los medios para que la persona se autoadministre la sustancia letal.
Aunque la legislación vigente en México prohíbe expresamente la eutanasia, el suicidio asistido y el homicidio por piedad, la iniciativa se apoya en datos de la Segunda Encuesta Nacional de Opinión sobre el Derecho a Morir con Dignidad 2022, que revelan que el 68.6% de los encuestados considera que las personas en fase terminal y con sufrimiento inevitable deberían tener la opción de adelantar su muerte. Además, el 72.7% opinó que las leyes deben modificarse para permitir esta práctica.
La diputada subrayó que, a nivel internacional, pocos países cuentan con legislación o regulación en la materia, entre ellos Suiza, Colombia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Canadá, España, Italia, Austria, Alemania, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. En el continente americano, destacó que Colombia y Ecuador ya han avanzado en la despenalización de estas prácticas.
La iniciativa abre un debate de alto impacto ético, legal y social en el país, al plantear un cambio sustancial en el marco jurídico sobre el derecho a morir con dignidad.