El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, en lo general, la minuta que crea la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, un nuevo marco jurídico que endurece las sanciones contra este delito y establece penas de hasta 42 años de prisión para los casos más graves.
El decreto, avalado el 19 de noviembre, fija una penalidad base de 15 a 25 años de prisión y una multa de 56 mil 570 pesos, además de que convierte la extorsión en un delito perseguido de oficio, lo que permitirá iniciar investigaciones sin que la víctima presente una denuncia.
La legislación incorpora 34 agravantes, como el cobro de piso, la participación de servidores públicos, los casos en que las víctimas sean menores de edad o migrantes, y modalidades recientes como los llamados “montachoques”.
Modificaciones del Senado y debate político
La minuta regresó a San Lázaro luego de que el Senado introdujera ajustes, entre ellos la eliminación de una reserva impulsada por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, que reducía sanciones a funcionarios que encubrieran extorsiones. Los diputados avalaron este martes los cambios de la colegisladora.
Monreal defendió en tribuna el proceso de revisión entre cámaras, tras críticas de la bancada del PAN:
“En un sistema bicamaral, revisar los actos de la colegisladora debería ser algo normal. (…) Soy garantista, y a pesar de que voy a votar esta reforma, soy garantista”.
La aprobación en lo general se alcanzó con 450 votos a favor. Posteriormente, tras una ronda de diez oradores, se discutieron las reservas en lo particular. El dictamen fue aprobado con 409 votos en pro, 33 en contra y una abstención.
El dictamen pasa al Ejecutivo
Al no sufrir modificaciones adicionales, la nueva Ley General contra la Extorsión fue turnada al Ejecutivo federal para su promulgación.
La reforma busca dar una respuesta uniforme a un delito que en los últimos años se ha diversificado y se ha posicionado como una de las principales preocupaciones de seguridad para comercios, ciudadanos y autoridades en todo el país.