El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, ha enviado este martes el primer vuelo con migrantes detenidos hacia un centro de detención en la Base Naval de Guantánamo, Cuba.
«Ya no permitiremos que Estados Unidos sea un vertedero de criminales ilegales de naciones de todo el mundo», declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en entrevista con Fox News.
Trump ha intensificado su política migratoria con una ofensiva contra los más de 11 millones de migrantes indocumentados en el país, prometiendo la mayor operación de deportación en la historia de EE.UU. Hasta ahora, las autoridades han detenido a más de 3,000 personas en todo el territorio nacional, una cifra aún lejana a las redadas masivas que el mandatario prometió.
Guantánamo, epicentro de la nueva política migratoria
El presidente firmó un memorando ordenando la expansión del centro de detención en Guantánamo para albergar hasta 30,000 migrantes. En respuesta, el Pentágono desplegó más de 150 militares, incluidos Infantes de Marina y efectivos del Comando Sur, encargado de la seguridad en América Latina.
«Detendremos a los peores inmigrantes ilegales criminales que representan una amenaza para el pueblo estadounidense», aseguró Trump al oficializar la medida.
Sin embargo, expertos y académicos han desmentido la retórica oficial. Según estudios de la Universidad de Stanford, los migrantes tienen menos probabilidades de cometer crímenes que los ciudadanos estadounidenses. Además, la ley estadounidense establece que vivir en el país sin autorización es una falta civil, no un delito criminal, a menos que se haya cruzado la frontera sin inspección o reingresado tras una deportación.
Críticas y preocupaciones
Organizaciones de derechos humanos han condenado la decisión de utilizar Guantánamo como centro de detención para migrantes, recordando que la base ha sido históricamente señalada por denuncias de violaciones a los derechos humanos. Legisladores demócratas y grupos de defensa de migrantes han anunciado que presentarán recursos legales para impugnar la política.
Mientras tanto, la administración Trump insiste en que esta estrategia es clave para reforzar la seguridad nacional y disuadir la migración indocumentada hacia EE.UU.