En una sesión ordinaria cargada de posturas encontradas, el Congreso del Estado de Guanajuato discutió un dictamen que concentra tres iniciativas para reformar el Código Penal en materia de despenalización del aborto voluntario. Sin embargo, al someterse a votación, el resultado fue un empate con 18 votos a favor y 18 en contra, lo que impide su aprobación inmediata y obliga, según el artículo 201 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, a repetir la discusión y votación en la próxima sesión.
El debate fue protagonizado por diputadas y diputados de diversas fuerzas políticas, quienes presentaron argumentos tanto a favor como en contra del dictamen.
Entre las voces a favor de la despenalización destacaron las diputadas María Eugenia García Oliveros, Martha Edith Moreno Valencia y Hades Berenice Aguilar Castillo, quienes coincidieron en que mantener el tipo penal del aborto representa una estigmatización e incluso una criminalización de las mujeres, además de violar derechos humanos y reproductivos ya reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y organismos internacionales.
García Oliveros afirmó que el debate no es sobre el aborto en sí, sino sobre garantizar derechos de salud y justicia social. «Lo que nos toca es reformar el Código Penal para respetar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres», expresó.
Por otro lado, legisladores como Susana Bermúdez Cano, Rolando Alcántar Rojas y Rocío Cervantes Barba se manifestaron en contra del dictamen, argumentando que la vida debe protegerse desde la concepción y que legalizar el aborto implica vulnerar principios constitucionales. «El derecho a la vida es el más progresista de todos», sostuvo Alcántar Rojas.
En un punto intermedio, algunos legisladores como Sergio Alejandro Contreras Guerrero y David Martínez Mendizábal señalaron que criminalizar el aborto es una medida injusta, especialmente para las mujeres en situación de vulnerabilidad, y llamaron a abandonar posturas extremas para buscar una salida legislativa que reconozca derechos sin imponer creencias personales.
El dictamen no fue aprobado debido al empate, y la legislación establece que deberá discutirse y votarse nuevamente en la próxima sesión ordinaria. En caso de repetirse el empate, la propuesta será reservada hasta el siguiente periodo legislativo, y si persiste la falta de mayoría, el asunto se archivará de forma definitiva.
Mientras tanto, el tema sigue polarizando opiniones dentro y fuera del recinto legislativo, al tratarse de una de las discusiones sociales y jurídicas más sensibles en el país. Guanajuato continúa como una de las pocas entidades donde el aborto voluntario sigue tipificado como delito, aunque los amparos individuales han permitido a algunas mujeres acceder al procedimiento sin consecuencias penales.
El resultado del próximo debate podría marcar un parteaguas en la política estatal en torno a los derechos sexuales y reproductivos, mientras colectivos ciudadanos, especialistas en derechos humanos y agrupaciones religiosas se mantienen atentos al desarrollo legislativo.