Redacción
España.- Las empresas españolas, el segundo país inversor extranjero en México, se encuentran en alerta ante la “pausa” en las relaciones sugerida por López Obrador.
Las empresas españolas, el segundo país inversor extranjero en México, están en alerta por el impacto que pueda tener la “pausa” sugerida por el presidente Andrés Manuel López Obrador en las relaciones bilaterales, en lo que constituye una nueva polémica de repercusiones desconocidas.
Las palabras, que el Gobierno de España rechazó “tajantemente” y tachó de “injustificadas”, no han pasado por alto en el sector empresarial español, que prefiere quitar hierro al asunto mientras aguardan expectantes futuros movimientos.
“Lo leemos en términos políticos y entendemos que forman parte de una dialéctica política que no tiene que ver con la realidad empresarial, que finalmente es mucho más sólida y ha superado muchísimas dificultades”, dijo este viernes a Efe la directora general de la Cámara Española de Comercio en México (Camescom), Joana Torrents.
De acuerdo con datos del organismo, el país cuenta con alrededor de 6 mil 500 empresas con capital español.
Además, España es el segundo inversor extranjero en México, detrás de Estados Unidos, con 76 mil millones de dólares acumulados hasta el cierre del tercer trimestre de 2021, lo que representa el 12 por ciento de la inversión extranjera directa (IED) de México.
Y tiene además grandes jugadores en muchos sectores, desde el hotelero (Riu, Barceló) al energético (Iberdrola, Acciona) o al de infraestructuras (Aleatica, FCC).
Pese al mensaje oficial de calma de la industria española, analistas advierten de los peligros.
“No se puede hablar y decir que se pausan las relaciones. Difícilmente se haría de manera temporal y se romperían lazos, lo que desembocaría en consecuencias graves”, apuntó a su vez la directora de análisis económico de Banco Base, Gabriela Siller.
Tras varios intentos fallidos para cambiar la ley, López Obrador impulsa ahora una iniciativa de reforma constitucional en el sector eléctrico que busca limitar al 46 por ciento la participación privada en generación eléctrica para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa del Estado.
Aunque la aritmética no parece favorecer al oficialismo en el Legislativo, la propuesta genera una enrome inquietud en la patronal, donde España tiene grandes participantes como Iberdrola o Acciona.