Desde este 17 de junio, entró en vigor en todo el país la Ley Silla, una reforma a la Ley Federal del Trabajo que obliga a los empleadores a proporcionar asientos con respaldo a todas las personas trabajadoras, ya sea para desempeñar sus funciones o durante descansos periódicos.
La reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 2024, fue aprobada por unanimidad en el Senado y modifica los artículos 132, 133, 422 y 423 de la legislación laboral. Su propósito es mejorar las condiciones laborales, sobre todo en sectores donde los trabajadores permanecen de pie durante extensas jornadas.
Entre las principales disposiciones, se prohíbe que las empresas obliguen al personal a mantenerse de pie toda la jornada, y se establece que los asientos deben colocarse en áreas específicas designadas para pausas laborales.
La reforma busca prevenir afectaciones a la salud como várices, fatiga muscular, problemas circulatorios o lesiones articulares, frecuentes entre trabajadores de sectores como el comercio, servicios y atención al cliente. Algunos de los centros laborales más impactados por la medida serán supermercados, tiendas departamentales, farmacias, restaurantes de comida rápida y call centers.
En fábricas y centros industriales, la aplicación de la norma dependerá de si la naturaleza del trabajo permite el uso de sillas.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), así como la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) y las Juntas de Conciliación y Arbitraje, estarán encargadas de recibir denuncias —que podrán ser anónimas— y realizar inspecciones.
Las sanciones por incumplimiento van desde multas equivalentes a 250 hasta 2 mil 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), e incluso podrían derivar en la suspensión de actividades en casos de reincidencia.
Además, la STPS tiene un plazo de 30 días naturales a partir del 17 de junio para emitir la normativa sobre los factores de riesgo asociados con la postura vertical prolongada. En tanto, las empresas cuentan con 180 días naturales —hasta el 13 de diciembre de 2025— para ajustar sus reglamentos internos y garantizar el cumplimiento de esta nueva obligación.