Este viernes 12 de diciembre entró formalmente en vigor la Ley General de Aguas, tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), junto con diversas reformas, adiciones y derogaciones a la Ley de Aguas Nacionales. La nueva legislación se erige como reglamentaria del artículo 4 constitucional, que garantiza el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico.
De acuerdo con el decreto, la Ley establece las bases, apoyos y modalidades para asegurar el acceso equitativo y sustentable a los recursos hídricos, así como su relación con otros derechos humanos. También redefine la distribución de competencias entre la Federación, los estados y los municipios, precisando los casos de concurrencia en la gestión del agua.
El objetivo central es definir el contenido del derecho humano al agua y fijar las disposiciones que aseguren su cumplimiento, promoviendo su protección y garantizando condiciones de acceso, disposición y saneamiento conforme a la Constitución y a los tratados internacionales en la materia.
La normativa también crea instancias, instrumentos y procedimientos para coordinar la tutela del derecho al agua entre los tres órdenes de gobierno, además de establecer mecanismos de participación ciudadana en la gestión y uso sustentable del recurso.
Asimismo, incorpora principios de equidad mediante la integración de perspectivas de género, discapacidad, interculturalidad, intergeneracional, ecosistémica y etaria en las políticas públicas de gestión hídrica. La Ley busca fortalecer la operación de los servicios públicos de agua y saneamiento, y promover una cultura del agua orientada a la sustentabilidad y al respeto de los derechos humanos.