El gobierno de Estados Unidos designó este miércoles al Tren de Aragua, al Cártel de Sinaloa y a otros grupos criminales como organizaciones terroristas globales, de acuerdo con una notificación publicada en el Registro Federal.
La decisión, firmada por el secretario de Estado, Marco Rubio, y difundida por el Departamento de Estado, señala que estos grupos representan una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses económicos de Estados Unidos. Entre las organizaciones incluidas en la lista también figuran el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cárteles Unidos, el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo, la Nueva Familia Michoacana, la Mara Salvatrucha y la banda criminal venezolana Tren de Aragua.
La inclusión de estos grupos en la lista de organizaciones terroristas se realizó tras consultas con la Fiscalía y el Departamento del Tesoro. «Después de estas consultas, se ha concluido que hay suficientes indicios contra estas organizaciones», señala el documento oficial.
La medida sigue al decreto firmado por el expresidente Donald Trump el 20 de enero, en el que ordenó tomar acciones más contundentes contra los cárteles de la droga, argumentando que representan una amenaza mayor que el crimen organizado tradicional. Durante su primer mandato, de 2017 a 2021, Trump ya había considerado designar a los cárteles como organizaciones terroristas, pero finalmente desechó la idea.
Además, el expresidente ordenó a funcionarios de alto nivel preparar la posible aplicación de una ley de 1798 que permitiría la deportación de presuntos miembros de pandillas sin audiencias judiciales.
En respuesta a esta designación, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó el viernes pasado que su gobierno podría ampliar la demanda contra los fabricantes de armas de Estados Unidos si Washington declaraba a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.
La inclusión de estos grupos en la lista de organizaciones terroristas amplía las facultades del gobierno estadounidense para combatirlos con todos los recursos a su disposición. No obstante, en México persisten preocupaciones de que esta medida pueda ser utilizada como justificación para una posible intervención en su territorio, una propuesta respaldada por algunos congresistas republicanos.