El fraude digital se ha convertido en una de las actividades más lucrativas y sofisticadas del crimen organizado a nivel global. En 2024, esta industria ilícita generó ingresos superiores a un billón de dólares, equivalente a cerca del 1% del Producto Interno Bruto mundial, de acuerdo con el informe Un mundo de engaños, elaborado por la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC).
El reporte, realizado por los investigadores Kristina Amerhauser y Alex Goodwin, revela que 57% de los adultos en el mundo ha enfrentado al menos un intento de estafa en los últimos 12 meses, lo que evidencia la consolidación de los llamados “centros de estafas” como estructuras criminales altamente eficientes, comparables a empresas transnacionales legales.
México, entre los países más afectados
En el caso de México, el panorama es alarmante. Datos de la firma TResearch International indican que en 2025 se registraron 108 mil 724 denuncias por fraude, en su mayoría de carácter cibernético, posicionándolo como uno de los delitos patrimoniales de mayor incidencia.
Tan solo en diciembre de ese año se reportaron ocho mil 435 casos, lo que representa un incremento de 11% respecto al mismo mes de 2024. La mayor concentración de denuncias se registró en Ciudad de México, Estado de México y Jalisco, entidades que acumulan el 45% de los casos. Sin embargo, al considerar la tasa por población, destacan Ciudad de México y Baja California Sur como las más afectadas.
El phishing —suplantación de identidad para obtener información sensible— se mantiene como una de las principales modalidades. La consultora The Competitive Intelligence Unit estima que más de 13 millones de mexicanos han sido víctimas de este tipo de fraude en los últimos siete años. Solo en 2024 se registraron seis millones de incidentes, con pérdidas superiores a los 20 mil millones de pesos.
Por su parte, la firma TransUnion reportó que las empresas pierden en promedio 7.7% de sus ingresos anuales debido a fraudes, lo que a escala global representó 534 mil millones de dólares en 2025.
Tecnología al servicio del crimen
El crecimiento de estas actividades se explica por la creciente sofisticación de los grupos delictivos. El modelo de “Crimen como Servicio” (CaaS) permite adquirir en la llamada dark web herramientas completas para ejecutar fraudes, desde bases de datos hasta guiones de manipulación.
A ello se suma el uso de inteligencia artificial para crear deepfakes de voz y video, con los que se simulan secuestros, se suplantan identidades o se emiten falsas instrucciones corporativas. Estas operaciones pueden ejecutarse desde cárceles, residencias de lujo o centros especializados.
En 2025, la empresa de ciberseguridad Scitum advirtió que México se perfila como uno de los países más atacados por malware móvil, diseñado para robar datos personales y financieros.
Vulnerabilidad estructural
El informe también señala que el avance del fraude digital encuentra terreno fértil en la baja alfabetización digital y la falta de medidas de ciberseguridad. Millones de usuarios desconocen cómo identificar riesgos y continúan realizando prácticas inseguras, como abrir enlaces sospechosos.
A ello se suma una limitada capacidad de respuesta institucional y marcos regulatorios aún insuficientes para responsabilizar a plataformas digitales por la protección de datos.
El concepto de fuerzas “glocales” —operaciones globales con raíces locales— explica cómo estos grupos prosperan en contextos de impunidad y corrupción. Según el informe, México comparte características con otras regiones donde las “zonas grises” de gobernanza permiten la operación de redes criminales.
Riesgos y desafíos globales
El estudio identifica tres tendencias preocupantes: el desplazamiento de centros de estafas hacia países con menor regulación, la expansión del fenómeno a nuevas regiones y una posible desglobalización que complique la cooperación internacional.
Además, surge el llamado “fraude patriótico”, donde grupos criminales justifican ataques a víctimas extranjeras como una forma de beneficio nacional.
Ante este escenario, la Global Initiative Against Transnational Organized Crime concluye que combatir el fraude digital requiere una estrategia integral que no solo persiga a los responsables, sino que desarticule todo un ecosistema criminal que hoy supera, en eficiencia y alcance, a los mecanismos tradicionales de la ley internacional.