24 de November de 2024 New York

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Grupos civiles en Arizona se oponen a iniciativa legislativa que criminalizaría a migrantes irregulares y afectaría a beneficiarios de DACA

Redacción

Estados Unidos.- En Arizona, grupos civiles y legisladores demócratas están en pie de lucha contra una nueva iniciativa legislativa que podría tener repercusiones severas para migrantes irregulares y beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

La propuesta HCR-2060, apodada como la «nueva SB-1070», está siendo impulsada por legisladores republicanos en el Senado estatal, el cual cuenta con mayoría de este partido. Si se aprueba, otorgaría a las autoridades locales el poder de arrestar a migrantes irregulares y criminalizaría la presentación de documentos falsos para evadir el programa federal de E-verify, además de remover protecciones migratorias para los beneficiarios de DACA en caso de que el gobierno federal elimine dicho programa en el futuro.

Lydia Guzmán, directora de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) en Arizona, ha expresado su preocupación y denunciado esta iniciativa como otro ataque a la comunidad latina. Guzmán advierte que esta propuesta, además de ser injusta, podría tener un impacto económico negativo similar al provocado por la SB-1070 en 2010, la cual generó masivas protestas y un boicot económico en el estado.

La senadora estatal demócrata Priya Sundares ha calificado la propuesta como «cruel», especialmente por el impacto que tendría en los jóvenes beneficiarios de DACA, muchos de los cuales llegaron a Estados Unidos siendo niños.

A pesar de las críticas y la oposición de grupos civiles y cámaras de comercio en Arizona, la HCR-2060 está diseñada para llegar directamente a las urnas en noviembre, evitando así el veto de la gobernadora demócrata Katie Hobbs, quien ya ha prohibido propuestas similares en el pasado.

Grupos promigrantes ya se están preparando para llevar la lucha ante las cortes, siguiendo el ejemplo de la batalla legal contra la SB-1070, que aunque fue parcialmente eliminada por el Supremo de Estados Unidos, aún mantiene vigente una cláusula que permite a la policía preguntar por el estatus migratorio de un detenido.

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