Guanajuato, una de las ocho entidades del país que aún penalizan el aborto, tendrá un plazo de 90 días —a partir del 15 de febrero— para adecuar su legislación local, o de lo contrario la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría emitir una nueva resolución de inconstitucionalidad con efectos a nivel nacional. Así lo señaló este martes Amnistía Internacional (AI), tras la decisión del máximo tribunal de admitir a trámite la Declaratoria General de Inconstitucionalidad contra disposiciones del Código Penal guanajuatense que criminalizan la interrupción del embarazo.
En un posicionamiento difundido en redes sociales, la organización reconoció la determinación de la SCJN, al considerar que abre una vía para garantizar el cumplimiento de los criterios constitucionales establecidos desde 2021, cuando la Corte declaró inconstitucional la criminalización del aborto en México y obligó a las 32 entidades federativas a armonizar sus leyes.
AI subrayó que Guanajuato acumula cuatro años de incumplimiento de dicha sentencia, al no haber modificado su marco legal para eliminar sanciones penales contra las mujeres y personas gestantes que deciden interrumpir su embarazo. La organización también recordó que, en diciembre de 2025, el Congreso local archivó de manera definitiva diversas iniciativas que buscaban despenalizar el aborto, reformar la Constitución estatal y reconocer la autonomía reproductiva, lo que —advirtió— representa un incumplimiento de obligaciones constitucionales y en materia de derechos humanos.
De acuerdo con Amnistía Internacional, si el Congreso de Guanajuato no reforma la ley dentro del plazo establecido, la SCJN podrá ordenar la despenalización del aborto en las entidades que aún lo criminalizan. Actualmente, además de Guanajuato, los estados de Morelos, Querétaro, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Sonora mantienen sanciones penales contra la interrupción voluntaria del embarazo.
El tema se enmarca en un debate más amplio dentro de la Suprema Corte. A la admisión de esta declaratoria se suma la revisión pendiente del caso de Aguascalientes, cuya discusión fue aplazada el pasado 6 de enero sin fecha definida, y en el que se analizará si los congresos estatales pueden restringir el acceso al aborto después de haberlo despenalizado.
En 2021, la SCJN estableció que criminalizar la decisión de interrumpir el embarazo es inconstitucional, criterio que fue reforzado en 2023 al extender la obligación incluso al Congreso de la Unión para despenalizar el aborto a nivel federal, una reforma que hasta ahora no se ha concretado.