Redacción
España.- La Guardia Civil española, en colaboración con el FBI estadounidense, ha detenido a dos personas acusadas de realizar al menos un centenar de ciberataques contra administraciones públicas y empresas privadas en varios países, incluyendo España, México, Argentina, Honduras y Perú.
Según informó la Guardia Civil, los ciberataques se han producido desde octubre de 2022 y han afectado a instituciones como el Ministerio de Salud de Perú, el Ministerio de Cultura de Argentina, el Poder Judicial del estado de Tlaxcala y el Banco Atlántida de Honduras.
Una de las principales herramientas de los cibercriminales era un canal de Telegram que mostraba accesos fraudulentos a varias administraciones públicas. Este canal, operado desde España, difundía la información a cambio de dinero utilizando hasta quince identidades falsas.
Tras las detenciones, los agentes intervinieron una gran cantidad de material informático y documental, que incluía datos de varios países de habla hispana. La Guardia Civil destacó la alta sofisticación de los ataques, que eran cada vez más dañinos y complejos.
«Mediante el análisis de trazabilidad de los datos se relacionó con multitud de ciberataques a un actor conocido como ‘GUARDIACIVILX’», publicaron las autoridades españolas en X (anteriormente Twitter).
En diciembre de 2022, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) de México informar sobre la cantidad de ciberataques registrados durante la administración de Enrique Peña Nieto y en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La FGR deberá precisar cuántos ataques fueron contra instancias gubernamentales y empresas, así como la fecha del suceso, la entidad afectada, el monto del daño económico causado y las áreas encargadas de investigar y atender dichos ciberataques.
La petición del INAI surgió después de que la FGR no proporcionara información detallada a una solicitud específica, lo que llevó a un particular a interponer un recurso de revisión.
Con estas detenciones, se espera que las autoridades puedan desmantelar la red de cibercriminales y prevenir futuros ataques que pongan en riesgo la seguridad de instituciones públicas y privadas.