A más de tres meses de la tragedia que marcó a la Ciudad de México, el saldo del horror vivido el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia comienza a traducirse en cifras que buscan aliviar, aunque nunca borrar, el dolor de las víctimas. El Gobierno capitalino informó este domingo que los acuerdos reparatorios derivados de la explosión de una pipa de gas LP ascienden a 480 millones de pesos, uno de los montos más altos otorgados en el país en un caso de víctimas múltiples.
La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha María Alcalde Luján, detalló que de ese total, 429 millones de pesos ya han sido pagados, lo que representa un avance del 90 %. Los recursos han sido destinados principalmente a los familiares de las 32 personas fallecidas, entre ellas el conductor de la unidad, así como a decenas de heridos y afectados colaterales.
Del monto ya entregado, 266 millones de pesos fueron otorgados a familiares de las víctimas mortales; 136.5 millones de pesos se destinaron a las 63 personas lesionadas, y 27 millones de pesos a quienes sufrieron daños materiales u otras afectaciones derivadas del siniestro. En total, 127 de las 144 víctimas ya han recibido algún tipo de compensación, con la firma de 143 acuerdos reparatorios entre víctimas directas e indirectas.
Alcalde Luján explicó que los casos pendientes corresponden principalmente a daños materiales complejos y a situaciones que requieren trámites sucesorios, definiciones sobre patria potestad o un seguimiento individualizado. Aun así, subrayó que las reparaciones alcanzadas en el caso del Puente de la Concordia se ubican por encima de los montos históricamente otorgados en hechos similares en México.
En cuanto al esclarecimiento del accidente ocurrido en la alcaldía Iztapalapa, la Fiscalía confirmó que el conductor de la pipa, Fernando Soto Munguía, fue responsable del siniestro al circular con exceso de velocidad, perder el control del vehículo e impactarse contra el muro de contención del puente. El choque provocó la fractura del tanque y una fuga masiva de gas LP que derivó en un incendio de grandes proporciones.
No obstante, la investigación también reveló omisiones graves por parte de la empresa Transportadora Silza, S.A. de C.V., que habría incumplido con obligaciones clave en la capacitación del operador, especialmente en conducción segura de materiales peligrosos, manejo de curvas elevadas, protocolos de emergencia y respuesta ante fugas de gas.
Asimismo, la Fiscalía señaló la falta de supervisión en las jornadas laborales del conductor, al no verificarse adecuadamente los tiempos de descanso, las horas máximas de conducción ni los factores de fatiga, condiciones que incrementan de manera significativa el riesgo de accidentes de esta magnitud.
Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, reconoció el trabajo de las autoridades en la atención a las víctimas, pero fue enfática al señalar que “ninguna indemnización va a reparar la pérdida de una vida humana”. “Nada sustituye la ausencia de un ser querido”, expresó al recordar que, aunque 52 de los lesionados ya fueron dados de alta y continúan con seguimiento médico, las secuelas físicas y emocionales persistirán.
La noche del 10 de septiembre quedó marcada en la memoria colectiva de la capital: una pipa de gas LP perdió el control al incorporarse a una curva del Puente de la Concordia y desató una tragedia que cobró 32 vidas, dejó 63 personas lesionadas, ocho más con afectaciones psicológicas y provocó daños materiales en 42 familias y negocios. Hoy, mientras avanzan las reparaciones económicas, la ciudad sigue exigiendo justicia y garantías para que una catástrofe así no vuelva a repetirse.