En un acontecimiento que ha captado la atención nacional, el juez Oswaldo Rivera González, del Cuarto Distrito en Materia Administrativa, ha concedido las primeras suspensiones provisionales contra la entrega de datos biométricos para la integración de la Clave Única del Registro de Población (CURP). Esta decisión llega en medio de una creciente preocupación pública sobre la privacidad y el manejo de información personal.
Los demandantes, Víctor Manuel Carrillo Solís y Alejandro García Lumbreras, han cuestionado la constitucionalidad de las recientes reformas a la Ley General de Población (LGP) que exigen la inclusión de huellas dactilares y fotografías en la CURP, convirtiendo al documento en un identificador nacional obligatorio. El juez Rivera González determinó que, mientras se resuelve el litigio, no se obligará a los quejosos a proporcionar sus datos biométricos.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha asegurado que el uso de datos biométricos será opcional y que su implementación busca colaborar en esfuerzos como la búsqueda de personas desaparecidas. Sin embargo, la reforma a la LGP establece que la nueva CURP, enriquecida con datos biométricos, será de aceptación universal, aunque subraya que la recopilación de esta información requerirá el consentimiento del titular.
El Gobierno tiene hasta mediados de octubre para preparar la infraestructura necesaria para gestionar esta nueva modalidad de la CURP, mientras que el próximo 1 de septiembre, el juez decidirá si las suspensiones provisionales se convierten en definitivas. La decisión final sobre la constitucionalidad de la reforma recaerá en los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia, quienes comienzan sus funciones este lunes.