Redacción
Texas.- Un juez federal en Texas ha emitido una orden para que el gobierno estatal retire una barrera de boyas instalada en el río Bravo, que marca la frontera entre Estados Unidos y México, antes del 15 de septiembre. La barrera, que se extiende por 300 metros, ha sido considerada una obstrucción a la navegación en el río y ha generado preocupaciones sobre la seguridad pública y las relaciones diplomáticas.
El juez David Ezra, del distrito oeste de Texas, cuestionó la decisión del gobierno estatal republicano de no haber solicitado autorización federal antes de instalar la barrera y dictaminó que su conducta daña irreparablemente la seguridad pública y la navegación en el río Bravo.
La orden también prohíbe a Texas volver a instalar cualquier tipo de estructura sobre el río. Esta decisión representa una victoria para el Gobierno de Joe Biden, que presentó la demanda inicial en contra de la barrera flotante.
El gobierno de Texas había defendido la instalación de las boyas, alegando que estaba tomando medidas para «defenderse» ante una supuesta «invasión» en la frontera sur. Sin embargo, el juez rechazó este argumento y consideró que otorgaría al gobernador de Texas un poder desmedido.
El magistrado también concluyó que Texas no proporcionó evidencia creíble de que la barrera de boyas haya reducido significativamente la migración irregular a través del río Bravo y que representa una amenaza para la vida de las personas que intentan cruzar la frontera.
Esta barrera formaba parte de la «Operación Estrella Solitaria», una campaña lanzada por el gobierno de Greg Abbott para abordar la migración en el estado y expresar su oposición a las políticas de Biden. México había pedido en varias ocasiones a Estados Unidos que retirara la barrera, argumentando que la mayoría de las boyas se encontraban en territorio mexicano, una afirmación respaldada por la Comisión Internacional de Límites y Aguas en un informe presentado ante el tribunal.