La omisión legislativa en torno a los derechos reproductivos volvió al centro del debate nacional. Una Jueza federal ordenó al Congreso de la Unión acreditar los avances para despenalizar el aborto a nivel federal, luego de casi dos años sin cumplir con una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La resolución, emitida por la Jueza Segunda de Distrito en Materia Penal, Paloma González, rechaza la solicitud de la Cámara de Diputados para obtener una nueva prórroga en el cumplimiento del fallo. La magistrada advirtió que el Congreso debe informar de inmediato sobre el estado del proceso legislativo para modificar el Código Penal Federal (CPF).
“Que informe el estado que guarda el proceso de dictaminación de las citadas iniciativas, en el entendido que deberá remitir el original o copia certificada de las constancias respectivas”, ordenó González en su resolución del 30 de septiembre.
La sentencia de la Primera Sala de la Corte, aprobada el 6 de septiembre de 2023 y notificada oficialmente al Congreso el 4 de enero de 2024, declaró inconstitucionales los artículos 330 al 334 del CPF, que imponen sanciones de prisión por la práctica de abortos voluntarios en instalaciones federales como el IMSS, el ISSSTE y los hospitales de la Secretaría de Salud (Ssa).
Sin embargo, pese a que la resolución de la Corte es obligatoria, el Congreso no ha derogado los artículos señalados, por lo que el aborto sigue tipificado como delito en el ámbito federal.
Un fallo histórico sin cumplimiento
El amparo promovido y resuelto por la Suprema Corte en 2023 fue el primero en su tipo que ordena expresamente derogar disposiciones penales. La medida fue aprobada por tres de los cinco ministros de la Primera Sala, entre ellos Arturo Zaldívar, actual Coordinador General de Política y Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El fallo obligaba al Congreso a eliminar de la legislación federal los artículos que castigan con prisión tanto a las mujeres que interrumpen su embarazo como a los médicos que practican el procedimiento, salvo en casos de violación o riesgo de muerte.
Entre los artículos a derogar se encuentran el 329, que define el aborto como la “muerte del producto de la concepción”, y el 330, que establece penas de uno a seis años de prisión a quien lo practique.
Un pendiente legislativo que marca diferencias
Aunque la SCJN despenalizó el aborto a nivel federal, la falta de acción legislativa mantiene un vacío legal que genera incertidumbre en las instituciones de salud y en los derechos de las mujeres.
Actualmente, la interrupción del embarazo es legal en 20 entidades federativas del país, pero los servicios de salud federalizados aún operan bajo las restricciones del Código Penal Federal, lo que limita el acceso efectivo a este derecho.
La orden judicial busca presionar al Congreso para cumplir con el mandato constitucional y armonizar la legislación federal con la sentencia de la Corte.
De no hacerlo, el Poder Legislativo podría incurrir en desacato judicial, una situación sin precedentes en materia de derechos humanos y separación de poderes en México.
Contexto nacional
El caso se enmarca en un proceso de reforma legal y social en torno a los derechos reproductivos en México. Desde 2021, la SCJN ha emitido diversos fallos que reconocen que criminalizar el aborto viola los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes.
Pese a ello, el avance legislativo ha sido desigual y, en el ámbito federal, la tipificación del aborto sigue vigente desde 1931.
Con esta nueva orden judicial, la jueza Paloma González reabre el debate y coloca presión sobre el Congreso, que deberá demostrar si cumplirá con la sentencia que marcó un precedente histórico en la defensa de los derechos reproductivos en el país.