La reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que designa a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, ha generado incertidumbre en la relación económica y política entre México y Estados Unidos. Este movimiento busca presionar a México para intensificar el combate contra el narcotráfico, pero las implicaciones de esta medida podrían ser complejas y de largo alcance, según exfuncionarios y analistas.
La designación otorga nuevas herramientas al gobierno estadounidense para imponer sanciones económicas, restricciones de viaje e, incluso, realizar acciones militares en el extranjero. Sin embargo, el impacto podría extenderse a las empresas estadounidenses que operan en México o que dependen de relaciones comerciales con el país.
Un tejido económico difícil de separar
México es el principal socio comercial de EE. UU. en bienes, con miles de empresas estadounidenses involucradas en sectores clave como manufactura, turismo y agricultura. Sin embargo, la creciente infiltración de cárteles en la economía legal —a través del cultivo de aguacates, la industria turística o el lavado de dinero— complica garantizar que las operaciones comerciales estén completamente desvinculadas del crimen organizado.
Pablo Zárate, director ejecutivo de FTI Consulting, advirtió que pagos rutinarios, incluso bajo coacción, podrían considerarse «apoyo material» a los cárteles, exponiendo a empresas estadounidenses a sanciones severas. “La designación tiene riesgos legales enormes, ya que es casi imposible identificar qué negocios tienen vínculos directos o indirectos con el crimen organizado”, señaló.
Un golpe a las remesas y las cadenas de suministro
La orden también podría impactar las remesas enviadas por trabajadores mexicanos desde EE. UU., que en 2023 representaron 63 mil 300 millones de dólares, equivalentes al 5 % del PIB de México. Las empresas de transferencia de dinero, como Western Union, podrían optar por suspender transacciones hacia México por temor a violar las nuevas regulaciones, afectando a millones de familias mexicanas que dependen de estos ingresos.
Además, industrias estadounidenses, como la agrícola, que dependen de la mano de obra mexicana, podrían enfrentar sanciones si empleados envían dinero a familiares vinculados, directa o indirectamente, con actividades delictivas.
Tensiones diplomáticas en puerta
La designación podría escalar las tensiones entre ambos países al permitir, en teoría, que EE. UU. realice operaciones militares en México contra los cárteles, algo que violaría la soberanía mexicana. México, que ha cooperado durante décadas con Washington en la lucha contra el narcotráfico, podría responder suspendiendo dicha colaboración, como ocurrió cuando la DEA detuvo al exsecretario de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos en 2020.
Craig Deare, exagregado militar estadounidense en México, advirtió que una acción unilateral “desmantelaría décadas de esfuerzos para construir una relación de defensa binacional”.
La implementación de esta medida enfrenta grandes desafíos prácticos y políticos, y podría tener un costo significativo para ambos países en términos económicos, sociales y diplomáticos.