En un intento por frenar uno de los delitos que más lastiman a las familias mexicanas, el Senado de la República aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, la cual eleva de manera significativa las penalidades y establece nuevas medidas para combatir tanto la extorsión tradicional como las modalidades digitales y las operaciones criminales desde los centros penitenciarios.
La reforma, presentada y respaldada por legisladores de Morena, incrementa la pena mínima de seis a 15 años de prisión, mientras que la máxima pasa a 25 años. Sin embargo, en casos donde exista violencia, uso de armas, participación del crimen organizado o se trate de delitos como montachoques y montadeudas, las sanciones podrán escalar hasta 42 años.
“De mantener la sanción mínima de seis años, se abriría la puerta a la libertad anticipada de extorsionadores. Por eso aumentamos la penalidad mínima a 15 años”, explicó el senador morenista Javier Corral Jurado, impulsor de la medida.
La senadora María Guadalupe Chavira añadió un mensaje directo a los grupos criminales:
“No más cobros de piso ni extorsiones bancarias digitales. Basta ya de los montadeudas y montachoques. Todo el peso de la ley caerá sobre quienes perturban nuestra convivencia social”.
Extorsión digital también será castigada
En una reserva de último minuto, Morena incorporó penas de hasta 12 años de prisión para quienes cometan extorsión a través de plataformas digitales, redes sociales, mensajería, aplicaciones, telecomunicaciones o medios de comunicación.
El senador Ignacio Mier Velazco aclaró que no se criminaliza a los medios ni a la tecnología, sino que se cierran vacíos legales que hoy permiten el anonimato digital:
“La extorsión ya no es un telefonazo: es un mensaje anónimo, un perfil falso, un algoritmo que recomienda y una red que viraliza. Las plataformas se han convertido en herramientas que permiten chantaje digital y suplantación de identidad”.
Unidades especializadas y denuncias anónimas
La normativa obliga a crear unidades especializadas para investigar y perseguir de oficio diversas modalidades de extorsión.
“Es un delito que ha calado hondo en las familias mexicanas. Debe tener personal y unidades especializadas que atiendan la denuncia anónima”, señaló Alejandra Barrales (MC).
Preocupación por falta de presupuesto
Desde Acción Nacional, surgió preocupación sobre los recursos para aplicar la ley.
“Se crea un centro de atención a denuncias por extorsión, pero no habrá más presupuesto”, advirtió la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón.
Castigos adicionales y operación criminal desde cárceles
La ley sanciona con hasta 12 años de prisión a quienes auxilien a un extorsionador. También establece penas de 16 a 20 años para servidores públicos que filtren información confidencial o no denuncien estos delitos.
Además, se castiga con 12 años introducir dispositivos de comunicación a prisiones, una medida que busca frenar el hecho de que 80% de las extorsiones se realizan desde cárceles, según legisladores.
“Reconocemos una realidad innegable: muchas extorsiones se originan en los penales”, afirmó Enrique Inzunza, senador de Morena. “La ley busca bloquear comunicaciones ilícitas y asegurar que las cárceles sean espacios de readaptación, no centros de operación criminal”.
Críticas del PRI
Aunque el PRI votó a favor, expresó inquietudes sobre el excesivo punitivismo.
“Una cárcel llena no es una sociedad segura. El 80% de las extorsiones se realizan desde prisión. El reto no es encarcelar más, sino desarticular los pactos criminales”, señaló Carolina Viggiano Austria.