México se ha consolidado como el país con mayor consumo per cápita de refrescos en el mundo, según cifras de Euromonitor. En promedio, cada habitante mexicano consume 163 litros anuales, lo que representa un 40% más que en Estados Unidos, donde el consumo alcanza los 118 litros por persona, superando así en más de seis veces el promedio global.
El caso más extremo se observa en Chiapas, donde, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), el consumo per cápita anual asciende a 821.25 litros. Esta cifra equivale a más de dos litros diarios por habitante y se ha convertido en un fenómeno sin precedentes a nivel mundial. En comunidades como San Juan Chamula y zonas rurales de Los Altos de Chiapas, la falta de acceso a agua potable y la arraigada inserción cultural del refresco han impulsado que esta bebida reemplace incluso al agua en la rutina diaria.
Expertos en salud pública señalan que factores estructurales —como las condiciones socioeconómicas, el clima cálido y la intensa presencia comercial de marcas refresqueras—, sumados a elementos culturales, han contribuido a esta situación. En muchas regiones del sur y sureste del país, el refresco no solo se incluye en la dieta diaria, sino que en algunos casos se utiliza en rituales y ceremonias, como es el caso de San Juan Chamula, donde la Coca-Cola es empleada en prácticas espirituales.
El problema se agrava aún más en zonas marginadas, donde la escasez de agua potable obliga a los habitantes a recurrir a bebidas azucaradas, muchas veces más asequibles que el agua purificada. Por ejemplo, mientras un litro de refresco puede costar entre 10 y 13 pesos, una botella de 1.5 litros de agua embotellada puede costar hasta 15 pesos. Esta diferencia de precios, junto con la disponibilidad y el valor percibido del refresco, genera un cóctel explosivo que favorece su consumo excesivo.
La situación ha repercutido notablemente en la salud de la población. Las estadísticas de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) revelan que el 73% de los adultos en México presenta sobrepeso u obesidad, y cerca del 14% vive con diabetes tipo 2. Asimismo, más del 35% de los adolescentes muestra altos índices de sobrepeso, mientras que la Secretaría de Salud atribuye aproximadamente el 7% de las muertes en el país a complicaciones derivadas del consumo de bebidas azucaradas, incluyendo enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer.
Ante este panorama, el gobierno ha implementado diversas medidas para contrarrestar la tendencia. En 2014 se introdujo un impuesto de 1 peso por litro a las bebidas azucaradas, lo que inicialmente redujo el consumo en cerca de un 7.5% en los primeros dos años, aunque análisis posteriores recalcan un impacto limitado. Además, desde 2020 se ha exigido el etiquetado frontal con advertencias sobre el exceso de azúcar y calorías, mientras que a partir de 2025 se prohibirá la venta de refrescos y comida chatarra en escuelas públicas. Estas iniciativas buscan educar al consumidor y mitigar la epidemia de enfermedades crónicas, aunque expertos sostienen que se requiere una acción más contundente, como el incremento del impuesto y mejoras en el acceso al agua potable.
En conclusión, el consumo elevado de refrescos en México, particularmente en el sur del país, representa un desafío estructural que involucra aspectos económicos, culturales y de infraestructura. Mientras persisten las deficiencias en el suministro de agua potable y el impacto de una tradición publicitaria consolidada, las autoridades de salud y expertos continúan abogando por políticas integrales que permitan revertir esta alarmante tendencia y proteger la salud de la población.