México se posicionó como el tercer país con mayor crimen organizado a nivel mundial, solo detrás de Myanmar y Colombia, según el informe Crimen Organizado y Violencia en América Latina y el Caribe, publicado por el Banco Mundial (BM).
De acuerdo con el reporte, basado en el índice elaborado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GITOC, por sus siglas en inglés), México encabeza la región en participación en mercados ilícitos, al estar involucrado en 13 de los 15 que evalúa el estudio, por encima de Brasil y Colombia, que aparecen con ocho cada uno.
El índice contempla dos dimensiones: la criminalidad, que mide la magnitud e impacto de los mercados ilegales y los actores criminales; y la resiliencia, que evalúa la capacidad del Estado para hacer frente a estas redes delictivas.
El Banco Mundial alerta que grandes porciones del territorio mexicano están bajo control de grupos criminales, que ejercen una gobernanza paralela, imponen reglas, proporcionan servicios a la población y cobran “impuestos” a empresas en los territorios que dominan. Esta forma de «gobierno criminal», añade, suplanta al Estado en la prestación de seguridad y justicia, particularmente en zonas con alta pobreza y marginación.
“El crimen organizado en la región se caracteriza por control territorial, extorsión, captura del Estado y gobernanza criminal”, señala el informe, y subraya que México también lidera la región en tasas de victimización derivadas del crimen organizado, seguido por Venezuela y Argentina.
El Banco Mundial destaca que la reorganización de grupos criminales frente a estrategias de confrontación, así como la pandemia de Covid-19, han contribuido al fortalecimiento del crimen organizado. En México, las organizaciones delictivas aprovecharon la crisis sanitaria para ganar legitimidad al ofrecer apoyo social en comunidades vulnerables, llenando vacíos gubernamentales.
Finalmente, el informe recuerda que la violencia en México se agudizó tras las operaciones contra el narcotráfico implementadas desde 2006 y por los efectos de las incautaciones de drogas en Colombia, lo que generó una reconfiguración de los mercados ilegales en toda la región.
El diagnóstico plantea una grave advertencia sobre la fragilidad del Estado en amplias zonas del país y el desafío que representan las redes criminales para la seguridad, el desarrollo y la gobernabilidad democrática.