En México, la pobreza sigue heredándose: el 73% de las personas que nacen en los hogares con menores recursos no logran superar esa condición a lo largo de su vida, reveló el Informe de Movilidad Social en México 2025, elaborado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).
El estudio, presentado este lunes por organizaciones sociales, advierte que la falta de igualdad de oportunidades mantiene a millones de mexicanos atrapados en condiciones socioeconómicas adversas desde su nacimiento. “La movilidad social está estancada en el país. La trayectoria de vida de una persona sigue estando determinada por factores fuera de su control: el ingreso, la educación de los padres, el lugar donde nació o su género”, explicó Roberto Vélez Grajales, director ejecutivo del CEEY.
Según el análisis, en el sur del país el panorama es aún más adverso: 64% de quienes nacen en hogares pobres no logran avanzar económicamente, mientras que en el norte el porcentaje es del 37%. A nivel nacional, el informe también evidencia una brecha de género: entre las personas nacidas en hogares con mayores recursos, solo el 47% de las mujeres logra mantener esa posición, frente al 53% de los hombres.
La desigualdad de oportunidades —es decir, las condiciones iniciales que limitan el desarrollo de las personas— explica el 48% de la desigualdad económica en México, colocándolo entre los diez países con mayor disparidad de este tipo entre 50 evaluados internacionalmente.
Uno de los hallazgos más preocupantes del estudio es el papel limitado que juega la educación como herramienta para el ascenso social. Solo 1 de cada 10 personas con padres que solo cursaron la primaria logra obtener un título profesional, mientras que quienes provienen de familias con estudios universitarios tienen siete veces más probabilidades de alcanzarlo.
Además, tres de cada cuatro personas cuyos padres solo estudiaron primaria no logran terminar la secundaria, que es precisamente el nivel promedio de escolaridad en el país.
Ante este panorama, el CEEY urgió al diseño de una política pública integral que promueva la movilidad social a través de la igualdad. “Las políticas sociales y educativas deben incorporar un enfoque de movilidad social que tome en cuenta las desigualdades de género, origen económico, nivel educativo y zona geográfica”, concluyó Vélez Grajales.