Sofía, una niña mexicana de 4 años con una enfermedad grave, enfrenta un posible desenlace fatal si es deportada de Estados Unidos, según alertó esta semana su equipo legal en una conferencia de prensa.
La menor padece síndrome de intestino corto, una condición médica que impide a su cuerpo absorber adecuadamente nutrientes y líquidos, por lo que depende de un tratamiento altamente especializado disponible solo en Estados Unidos.
Desde 2023, recibe atención en el Children’s Hospital de Los Ángeles, tras haber ingresado al país junto con su madre, Deysi Vargas, mediante un permiso humanitario otorgado en la frontera sur.
El tratamiento consiste en nutrición parenteral total (TPN), un procedimiento intravenoso que se le administra hasta por 14 horas diarias. Durante el día, la niña lleva una mochila con un sistema portátil conectado a tubos gástricos que le proporcionan la nutrición vital que su cuerpo no puede procesar por sí mismo.
“La tecnología que salva su vida no está disponible fuera de Estados Unidos”, advirtió la abogada Gina Amato Lough, de la organización Public Counsel. “Si es deportada y se interrumpe su tratamiento, morirá en cuestión de días”, señaló.
Pese a la mejoría médica que ha mostrado desde su llegada, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) notificó en abril a la familia la revocación de su permiso humanitario (parole), sin detallar los motivos, argumentando únicamente que se trata de una decisión discrecional.
En una carta fechada el 11 de abril, obtenida por medios como ABC News y NBC News, el DHS advierte: “Es momento de abandonar los Estados Unidos. Si no lo hace de inmediato, estará sujeta a posibles acciones legales que resultarán en su expulsión del país”. La notificación también canceló los permisos de trabajo de la madre, quien es la principal cuidadora de la niña.
El equipo legal presentó una apelación el 9 de mayo, en la que argumentan que la revocación fue “un error administrativo”, y que la familia ha cumplido con todos los términos de su permiso. A pesar de ello, siguieron recibiendo comunicados confirmando la cancelación del parole.
Una infancia interrumpida
Antes de llegar a EE. UU., Sofía permanecía hospitalizada en México sin mostrar mejoría. “Mi hija no crecía ni mejoraba”, relató Deysi Vargas durante la conferencia, ofrecida en español.
Tras su ingreso por razones médicas urgentes, Sofía fue referida al hospital de Los Ángeles, donde ha podido iniciar el preescolar y realizar actividades propias de su edad. Durante la conferencia, jugaba con cartas y mostraba trabajos de arte como parte de su progreso.
“Ahora mi hija puede vivir su vida como una niña, salir del hospital y tener una infancia”, dijo su madre con voz entrecortada.
El equipo legal ha solicitado al gobierno estadounidense reconsiderar la decisión y permitir que la menor continúe su tratamiento vital. La resolución del caso aún está pendiente.
SRE sigue el caso
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que da seguimiento al caso de una menor mexicana que enfrenta la posible interrupción de un tratamiento médico crucial, luego de que las autoridades migratorias de Estados Unidos revocaran el permiso humanitario que le permitió ingresar al país en 2023.
En un comunicado, la cancillería detalló que la menor y su madre arribaron a Estados Unidos en julio de 2023 bajo el programa de visados humanitarios, conocido como parole, con el objetivo específico de que la niña recibiera atención médica especializada. Sin embargo, en abril de 2025, sin que se haya incumplido ninguna condición de estancia, las autoridades estadounidenses revocaron el permiso y ordenaron su salida inmediata.
“El equipo médico ha sido claro en que la interrupción del tratamiento pondría en riesgo su vida”, advirtió la SRE, al destacar la gravedad de la situación.
Ante la decisión, la organización civil Public Counsel asumió la representación legal de la madre y trabaja en conjunto con los consulados de México en Los Ángeles y Fresno para interceder ante las autoridades estatales y federales de EE. UU.
La Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que continuará ofreciendo acompañamiento consular y todo el apoyo necesario, en coordinación con la abogada de la familia, con el fin de proteger a la menor y garantizar la continuidad de su atención médica.
Este caso ha encendido alertas entre organizaciones defensoras de derechos humanos, que advierten sobre las implicaciones éticas y legales de suspender tratamientos médicos a menores migrantes por motivos administrativos. Mientras tanto, el gobierno mexicano mantiene comunicación con las autoridades estadounidenses para buscar una solución humanitaria inmediata.