La extorsión se ha consolidado como uno de los delitos de mayor impacto en la vida diaria de los mexicanos, afectando no solo la seguridad personal, sino también la estabilidad económica y emocional de miles de familias. En respuesta, el Gobierno federal presentó este domingo la Estrategia Nacional contra la Extorsión, enfocada en los ocho estados que concentran el 66% de los casos: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán.
Durante el anuncio, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que se habilitará el número 089 como línea nacional para denunciar extorsiones, garantizando el anonimato de las víctimas y con operadores especializados.
La estrategia será implementada a nivel nacional con la participación de diversas instituciones, incluyendo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que será la encargada del congelamiento de cuentas bancarias utilizadas para recibir pagos de extorsión.
Entre las medidas destacan:
- Bloqueo judicial de líneas y dispositivos móviles usados para extorsionar.
- Operativos sorpresa en cárceles para incautar teléfonos celulares.
- Capacitación a cajeros y empleados de tiendas y bancos para evitar depósitos a extorsionadores.
- Charlas de prevención con recepcionistas de hoteles, enfocados en prevenir casos de secuestro virtual.
- Convenios con la iniciativa privada para difundir información preventiva.
García Harfuch destacó que esta ofensiva será posible gracias a la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que fortalecerá las capacidades del Estado para desmantelar redes criminales y detener a quienes generan violencia.
A su vez, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, reconoció que actualmente la extorsión es un delito del fuero común, pero señaló que se trabaja en presentar denuncias cuando existan elementos de fuero federal. Añadió que el 1 de agosto convocará a todos los fiscales del país para crear un sistema nacional de información y denuncia.
“La mayor parte de las extorsiones telefónicas provienen de las cárceles locales y federales”, alertó Gertz Manero.
El diagnóstico es preocupante. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 del INEGI, el 96.7% de los delitos de extorsión no se denuncian, lo que agrava la impunidad y dificulta la respuesta institucional.
El fenómeno no solo golpea a individuos, sino también al tejido económico. Negocios pequeños y medianos destinan recursos a protegerse de extorsionadores, lo que inhibe la inversión y frena el crecimiento.
“La extorsión no solo vulnera la seguridad de las personas, sino lastima su estabilidad económica y afecta su salud emocional. Capturar a quienes cometen este delito es una forma directa de proteger a miles de familias trabajadoras”, concluyó García Harfuch.