La organización civil Propuesta Cívica advirtió que la nueva Ley General de Extorsión, publicada el pasado 28 de noviembre, representa un riesgo grave para la libertad de expresión en México, al abrir la posibilidad de que actores políticos o particulares utilicen el aparato penal para silenciar críticas legítimas, denuncias públicas y actos de protesta social.
En una carta difundida este martes, la ONG fijó su postura tras realizar un “exhaustivo análisis jurídico” de la legislación, que contempla penas de hasta 25 años de cárcel para el delito de extorsión, considerado de alto impacto y con un crecimiento de 23.1% a nivel nacional. La organización señaló que este ilícito afecta de manera particular a entidades como el Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán.
Propuesta Cívica sostuvo que la definición del delito de extorsión, establecida en el artículo 15 de la ley, es “ambigua” y permite amplios márgenes de interpretación. El texto legal describe la extorsión como una conducta que obliga a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo para obtener un beneficio propio o para un tercero, formulación que, según la ONG, puede ser utilizada de manera discrecional.
Con esa redacción, advirtió, exigencias legítimas de justicia —como la liberación de personas detenidas arbitrariamente o la emisión de discursos dentro del debate político— podrían encuadrarse de forma abusiva en este tipo penal, exponiendo a quienes las realizan a penas privativas de libertad de entre 15 y 25 años.
“La ambigüedad en la descripción del delito y sus agravantes constituye una afrenta directa a la libertad de expresión en su sentido más amplio”, señaló la organización, al advertir que la posibilidad de iniciar investigaciones penales bajo estos supuestos tendría un efecto inhibidor en la protesta social, la exigencia pública de derechos, la rendición de cuentas y la resolución de conflictos sociales.
La ONG también alertó sobre las agravantes previstas en los artículos 16, 17 y 18 de la ley, las cuales, dijo, permiten aumentar de manera desproporcionada las penas cuando los hechos se vinculan con discursos públicos o se difunden a través de medios de comunicación y plataformas digitales.
Como ejemplo, Propuesta Cívica planteó el caso de una persona defensora de derechos humanos que, durante una protesta transmitida por televisión o redes sociales, exija a candidatos propuestas efectivas para esclarecer el paradero de un familiar desaparecido. En ese escenario, la pena podría elevarse hasta 25 o incluso 45 años de prisión, pese a tratarse de una demanda legítima, advirtió la organización, al recordar que en México existen más de 133 mil personas desaparecidas.
Finalmente, Propuesta Cívica señaló que otras organizaciones, como Artículo 19, también han alertado sobre los riesgos de la fracción V del artículo 17 de la ley, que permite aumentar la pena de cinco a 15 años cuando la supuesta extorsión se comete mediante el uso de cualquier dispositivo, medio, servicio o plataforma de comunicación.
Esta disposición concluyó la ONG, podría tener un efecto silenciador sobre el ejercicio de la libertad de expresión, particularmente en contextos de denuncia pública, movilización social y debate político.