El recurso a la pena de muerte registró un “aumento alarmante” a nivel mundial durante 2025, alertó este lunes el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, al advertir que un reducido grupo de países concentra la mayor parte de las ejecuciones, en contrasentido con la tendencia global hacia su abolición.
En un comunicado difundido desde Ginebra, Türk señaló que, aunque la evolución general apunta a la eliminación universal de la pena capital, el número de ejecuciones creció de forma considerable el año pasado, impulsado principalmente por incrementos significativos en algunos Estados que aún mantienen esta práctica.
“La oficina que encabezo observó un aumento alarmante en el uso de la pena capital en 2025, en particular en delitos que no cumplen el criterio de ‘los más graves’ exigido por el derecho internacional”, subrayó el funcionario de la ONU.
El caso más grave, de acuerdo con el informe, es el de Irán, donde al menos mil 500 personas habrían sido ejecutadas en 2025. Para Türk, la magnitud y el ritmo de las ejecuciones en ese país apuntan a un uso sistemático de la pena de muerte como herramienta de intimidación estatal.
En Arabia Saudita, al menos 356 personas fueron ejecutadas durante el año, entre ellas dos menores de edad, cifra que supera el récord alcanzado en 2024. En tanto, Estados Unidos registró 47 ejecuciones en 2025, el número más alto en los últimos 16 años.
El Alto Comisionado también mencionó a Afganistán, donde continuaron las ejecuciones públicas; Somalia, con 24 personas ajusticiadas; y Singapur, con 17 casos. En cuanto a China y Corea del Norte, advirtió que el uso de la pena de muerte sigue siendo opaco, lo que dificulta obtener cifras precisas.
Türk expresó además su preocupación por una iniciativa legislativa en Israel que busca instaurar la pena de muerte para terroristas, diseñada para aplicarse a palestinos condenados por atentados contra ciudadanos israelíes.
“La pena de muerte no es una herramienta eficaz para combatir la delincuencia y puede conducir a la ejecución de personas inocentes”, insistió el Alto Comisionado, quien llamó a los Estados que aún la aplican a establecer una moratoria inmediata de las ejecuciones, conmutar las condenas vigentes y avanzar hacia su abolición total.