Redacción
México.- El INE ordenó al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y a otros 10 servidores públicos, legisladores y Gobernadores a no pronunciarse sobre la revocación de mandato.
Sobre el uso indebido de recursos públicos por parte de algunos funcionarios, al trasladarse en un avión de la Guardia Nacional a Coahuila y Sonora para actos proselitistas, el Tribunal Electoral analizará de fondo y resolverá.
La exigencia de no difundir la revocación también se extiende al líder nacional de Morena, Mario Delgado, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación prohibió a los partidos políticos difundir la consulta del 10 de abril, pero el dirigente y su partido no han atendido la sentencia.
Al resolver denuncias del PAN y PRD, la Comisión de Quejas aplicó medidas en la modalidad de tutela preventiva, a fin de la no repetición de la conducta por parte de dichos funcionarios.
Sin embargo, nuevamente, hizo un llamado a todos los servidores públicos federales, estatales o municipales a respetar la legislación vigente y no difundir dicho ejercicio.
Además de Adán Augusto López, en la lista están los Secretarios de Energía, Rocío Nahle; de Cultura, Alejandra Frausto; de Economía, Tatiana Clouthier; el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía -quien pidió licencia-; y el titular de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio.
Así como a los Gobernadores de Veracruz, Cuitláhuac García, y de Sonora, Alfonso Durazo. Y también el secretario de Seguridad del Gobierno veracruzano, Hugo Gutiérrez, y el senador Armando Guadiana.
«Se ordena (a estos funcionarios) que en todo tiempo ajusten sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales. Por una parte, la prohibición de difundir mensajes de apoyo al Ejecutivo federal y de promoción al proceso de revocación de mandato, debido a que ello escapa de los temas y aspectos que, por mandato constitucional, se permiten emitir durante el desarrollo del proceso de revocación de mandato.
«Y, por otra parte, la obligación a su cargo de conducirse con imparcialidad y neutralidad a fin de no influir en la opinión ciudadana», indica el acuerdo.
Una vez notificados, se les dará tres horas a los funcionarios que subieron a sus redes sociales fotografías o videos sobre el apoyo al Presidente o al proceso de revocación para que las borren.
Durante la sesión, los consejeros nuevamente criticaron el comportamiento de los servidores públicos, y advirtieron que en los próximos días seguirán viendo la violación desmedida a la Constitución.
«Tenemos una especie de politiquísima trinidad en las conductas que hemos estado viendo porque está la organización Que Siga la Democracia, que tiene derecho como ciudadanos, pero se junta con servidores públicos que integran el Gabinete presidencial, gobernantes locales y el dirigente de un partido político.
«No recuerdo un antecedente en la vida democrática del País sobre la participación en evento político de las cabezas de las Fuerzas Armadas, incluso en uniforme de servicio. En su momento, se tendrá que pronunciar sobre el fondo el Tribunal Electoral, sobre el mal uso de recursos públicos», afirmó el consejero Ciro Murayama.
Sus compañeras Claudia Zavala y Adriana Favela lamentaron que no se permita a los ciudadanos reflexionar libremente sobre participar o no en dicho ejercicio.
«Muchos de ellos dando discurso, otros gritando lemas a favor del Presidente como ‘no estás solo’, y lo hemos explicado muchas veces que este procedimiento es del Presidente. Entonces se tendría que guardar silencio por parte de servidores públicos», añadió Favela.