Los implantes cerebrales, como las interfaces “cerebro-ordenador”, prometen revolucionar el tratamiento de enfermedades como la epilepsia y la parálisis, pero también entrañan riesgos graves, desde convulsiones hasta accidentes cerebrovasculares. Ante esta realidad, un grupo de investigadores ha propuesto cambiar radicalmente la manera en que Estados Unidos responde a los daños ocasionados por estos dispositivos.
En un artículo publicado hoy en la revista Science y titulado “Un marco de responsabilidad para los dispositivos neuronales de alto riesgo”, expertos de universidades canadienses, como la de Columbia Británica y la de Calgary, plantean la creación de un sistema de compensación “sin culpa” que garantice apoyo económico a los pacientes lesionados, sin necesidad de batallas legales.
“Las personas que aceptan probar estos dispositivos son valientes, tienen esperanzas y merecen una red de seguridad si las cosas no salen según lo previsto”, declaró Judy Illes, neuroética de la Universidad de la Columbia Británica y coautora del artículo.
La propuesta surge en un contexto de creciente interés por este tipo de tecnología. Empresas como Neuralink, de Elon Musk, y Synchron ya realizan ensayos clínicos con interfaces que permiten a pacientes con tetraplejia controlar computadoras mediante señales cerebrales. Sin embargo, los fallos pueden ser devastadores, y hoy en día los pacientes tienen pocas vías legales para obtener compensación.
En 2008, el Tribunal Supremo de EE. UU. dictó que los fabricantes no pueden ser demandados si sus dispositivos fueron aprobados por la FDA, lo que dejó a los pacientes prácticamente indefensos. Según los investigadores, desde entonces solo el 12% de los juicios relacionados con estos dispositivos han sido favorables a los afectados.
El nuevo modelo propuesto buscaría revertir esta situación mediante un fondo financiado por los propios fabricantes y subsidios del gobierno para empresas emergentes. Los pacientes recibirían apoyo para cubrir gastos médicos, pérdida de ingresos y cuidados prolongados, sin necesidad de demostrar negligencia. Además, se crearían paneles de expertos para revisar los casos más complejos y se mantendría la opción de acudir a los tribunales si el afectado lo desea.
“La gente está entusiasmada con el futuro de la tecnología cerebral, pero no podemos ignorar los riesgos. Tenemos que asegurarnos de que cuando las cosas vayan mal, no dejemos a nadie atrás”, advirtió Zelma Kiss, neurocirujana de la Universidad de Calgary y también firmante del artículo.
Los autores sostienen que este sistema permitiría proteger a los pacientes sin frenar la innovación médica, garantizando un equilibrio entre el avance científico y la responsabilidad social.