Redacción
Guanajuato.- La incidencia delictiva en Guanajuato ya rebasó la capacidad de los jueces federales adscritos a esa entidad.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aprobó el 5 de julio un acuerdo para que los jueces de los Centros de Justicia Penal Federal (CJPF) de Aguascalientes y Querétaro auxilien a sus siete colegas de Guanajuato, desahogando audiencias por videoconferencia para delitos cometidos en 24 municipios del estado vecino, incluidos León y Celaya.
Es la primera vez desde la creación de estos centros, que llevan los procesos bajo el nuevo sistema de justicia penal, que se tienen que enviar asuntos a otro estado por la sobrecarga de trabajo.
En 2022, el CJPF de Guanajuato cerró el año con 3 mil 878 causas penales en curso, superado sólo por los de Baja California, Estado de México, Jalisco y Ciudad de México.
«Los asuntos radicados en el CJPF en Guanajuato están estrechamente vinculados con la compleja situación de seguridad que atraviesa la entidad federativa, lo que ha generado una atípica saturación en la agenda, de modo que es hasta abril de 2024 que se cuenta con espacios para la programación de nuevas audiencias», explicó el CJF.
Agregó que el Centro de Justicia Penal de Guanajuato es el tercero con más carga de trabajo de todo el País, con un ingreso diario promedio de ocho nuevas acusaciones por delitos federales, como armas prohibidas, narcotráfico y ordeña de ductos, por mencionar algunos.
Tratándose de audiencias ante los jueces, Guanajuato es el segundo lugar nacional, con un promedio diario de 19, muchas de las cuales pueden prolongarse durante horas, lo que rebasa por completo la capacidad de los jueces del CJP.
«Resulta necesario habilitar competencialmente a todas las personas juzgadoras adscritas a los CJPF en Aguascalientes y Querétaro, para conocer de un cúmulo determinado de audiencias que se encuentran agendadas, pero pendientes por celebrar en el CJPF en Guanajuato, a efecto de desahogar espacio en la agenda de audiencias y poder reprogramar con una fecha más cercana los juicios pendientes dentro del plazo previsto en el artículo 349 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como aquellos asuntos específicos de nuevo ingreso», instruye el acuerdo.
Aguascalientes ayudará con asuntos originados en seis municipios de Guanajuato, entre ellos León, mientras que Querétaro tramitará audiencias por delitos cometidos en 18 municipios, entre ellos Celaya y Moroleón.
Las apelaciones contra resoluciones de los CJPF de Aguascalientes y Querétaro también serán revisadas por tribunales colegiados ubicados en esas entidades.
Este esquema de auxilio funcionará mientras se terminan las obras del nuevo centro que tendrá sede en Celaya, pues el único que funciona actualmente está en León.
Los jueces de Guanajuato, mientras tanto, tendrán que dar prioridad a casos donde los acusados están en prisión preventiva.
Con información de REFORMA