La propuesta del Ayuntamiento de León para modernizar el sistema de cobro del impuesto predial en 2026 fue rechazada por diputadas y diputados panistas, decisión que, de acuerdo con José Arturo Sánchez Castellanos en su columna publicada en el periódico AM, responde más a una vendetta política que a argumentos técnicos.
El proyecto, aprobado en el Cabildo por 14 votos a favor y uno en contra, planteaba ampliar de 9 a 12 los rangos de valor de las propiedades con el objetivo de hacer el impuesto más progresivo y equitativo.
Según la iniciativa, el 70% de las casi 430 mil cuentas prediales —propiedades valuadas en menos de 776 mil pesos— habrían mantenido el mismo pago; mientras que los inmuebles entre 776 mil y 1.5 millones habrían tenido un incremento promedio de solo 66 pesos al año, por debajo de la inflación. Para propiedades de mayor valor, el aumento sería gradual y proporcional a la capacidad contributiva.
Sánchez Castellanos señala que, pese a que ciudades como Querétaro y Zapopan manejan 25 y 15 rangos respectivamente para garantizar mayor justicia tributaria, la ampliación propuesta para León fue frenada. Incluso el dictamen técnico entregado a las y los legisladores —elaborado por sus asesores— reconocía que la tarifa era “proporcional y equitativa” y cumplía con los requisitos legales.
La negativa legislativa, afirma, privará al municipio de 63 millones de pesos que podrían destinarse a infraestructura y desarrollo urbano. La Tesorera Municipal, Graciela Rodríguez, expresó su sorpresa, mientras que el regidor panista Hildeberto Moreno afirmó que la iniciativa “sí estaba justificada técnicamente”.
Para Sánchez Castellanos el discurso de que se buscaba “proteger a las familias leonesas” no se sostiene, y advierte que la ciudad no puede aceptar que se le impida modernizar su recaudación. Incluso cuestionó qué espera la alcaldesa de León para romper con el PAN ante decisiones que —afirma— perjudican directamente al municipio.