La Junta de Supervisores del condado de San Diego, que comparte cerca de 100 kilómetros de frontera con México, aprobó este martes una medida histórica que declara al condado como un área santuario. Con una votación de tres a uno, se prohíbe el uso de instalaciones, personal y fondos locales para la aplicación de leyes federales de inmigración, incluyendo la colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).
La norma, presentada por la presidenta de la Junta, Nora Vargas, responde a la promesa del presidente electo Donald Trump de implementar deportaciones masivas en el país. En concreto, la medida pone fin a la práctica del Departamento del Alguacil de San Diego de notificar y transferir a personas indocumentadas bajo su custodia al ICE sin una orden judicial, alineándose con las disposiciones del Acta de Valores de California.
“Al garantizar que nuestros recursos locales no se utilicen para detener y deportar a los habitantes de San Diego, la Junta está enviando un mensaje contundente de que los inmigrantes son valorados y bienvenidos en nuestra región”, expresó Ian Seruelo, presidente del Consorcio de Derechos de los Inmigrantes de San Diego (SDIRC). Según Seruelo, la medida mejorará la seguridad de la comunidad al fomentar la confianza en las autoridades locales.
Aunque los críticos, incluyendo al equipo del presidente electo, argumentan que estas políticas obstaculizan la labor del ICE para deportar a criminales, los defensores aseguran que priorizan la protección de los derechos humanos y fortalecen los lazos comunitarios.
Con esta decisión, San Diego se suma a otros ocho condados de California que han adoptado medidas similares para proteger a los inmigrantes indocumentados. Estas políticas refuerzan las restricciones del Acta de Valores de California, que limita la colaboración entre las agencias locales y las federales en asuntos migratorios.
La postura de San Diego ha sido ampliamente criticada por Donald Trump, quien ha prometido sancionar a las ciudades, condados y estados que adopten políticas de protección a inmigrantes. Sin embargo, líderes locales consideran que esta medida refuerza el mensaje de inclusión y solidaridad en una región con una fuerte conexión cultural y económica con México.
Con esta nueva norma, San Diego da un paso adelante en la protección de los derechos de los inmigrantes, en un contexto nacional marcado por divisiones y tensiones sobre la política migratoria.