El Gobierno de México requerirá a partir de enero de 2026 el pago de al menos 51 mil millones de pesos a Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, como resultado de resoluciones fiscales confirmadas en definitiva por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), informó este viernes el titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino.
Durante la conferencia matutina, el funcionario explicó que, tras el fallo de la Corte que desechó las últimas impugnaciones de las empresas del grupo, la autoridad fiscal está obligada a continuar con el procedimiento de cobro conforme al Código Fiscal de la Federación. Precisó que, en caso de que el contribuyente manifieste su intención de cubrir el adeudo, podrá solicitar ajustes a la baja de hasta 39 por ciento, dependiendo del esquema y orden de pago, tal como lo permiten la ley y las sentencias judiciales.
Martínez Dagnino recordó que entre 2013 y 2018 el SAT determinó adeudos del Impuesto Sobre la Renta correspondientes a los ejercicios fiscales de 2008 a 2013, al considerar improcedentes las pérdidas fiscales utilizadas por las empresas. Estas resoluciones fueron impugnadas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que entre 2019 y 2023 confirmó la procedencia de los créditos fiscales, y posteriormente ante el Poder Judicial de la Federación, donde los tribunales colegiados negaron los amparos en 2024 y 2025.
Finalmente, señaló que las empresas acudieron a la SCJN, última instancia, la cual el pasado 13 de noviembre desechó sus recursos, dejando firmes las resoluciones previas. “De conformidad con el artículo 31 constitucional, es obligación de todas y todos contribuir a los gastos públicos de manera proporcional y equitativa”, subrayó el titular del SAT, al hacer un llamado al cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Más tarde, Ricardo Salinas Pliego respondió a través de su cuenta en la red social X que considera prudente esperar a que el SAT precise por escrito los fundamentos del adeudo y entregue un desglose detallado y transparente de los cálculos. Afirmó que solo con información clara, legal y verificable será posible alcanzar una solución institucional y fortalecer el Estado de Derecho.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el caso se expuso públicamente debido a su relevancia y conocimiento general, aunque enfatizó que se trata de un asunto estrictamente legal, jurídico y administrativo, no político. “Esperamos que se pague. Así de sencillo. Si no pagan, entonces ya viene otro proceso”, señaló desde Palacio Nacional.
El caso se suma a otros litigios fiscales del empresario. El pasado 19 de noviembre, la SCJN resolvió que una empresa del grupo deberá pagar otros 67 millones de pesos por una deuda fiscal de 2012, relacionada con la declaración de pérdidas fiscales mayores a las reales, monto que se agrega a los adeudos ya confirmados por las autoridades tributarias.