México enfrenta un grave retroceso en materia de derechos sociales: entre 2018 y 2024, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó al pasar de 16% a 34%, lo que equivale a 41.9 millones de personas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) difundidos en un foro organizado por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
En 2018, 20.1 millones de mexicanos carecían de atención médica, pero para 2024 la cifra aumentó en 21.8 millones. La carencia golpea con mayor fuerza a los hogares más pobres: el decil I concentra 9.7 millones de personas sin acceso, mientras que en el decil X, el de mayores ingresos, la cifra es de 1.8 millones.
Estados más afectados y desigualdad creciente
La situación es crítica en ocho entidades donde más del 40% de la población carece de servicios de salud: Chiapas, Puebla, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz y Estado de México.
“Urgen acciones que reviertan este franco retroceso y garanticen servicios de salud con calidad y equidad, poniendo especial atención a quienes viven en pobreza y pobreza extrema”, advirtió Paulina Gutiérrez, directora operativa de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
El impacto también se refleja en la población ocupada: 22.7 millones de personas con empleo (36%) no tienen acceso a servicios de salud, con mayor incidencia en quienes perciben menores ingresos.
Menos inversión pública, más gasto en hogares
Los especialistas señalaron que la falta de cobertura está directamente vinculada con la disminución del gasto público en salud. Mientras en 2018 se destinaba el 4.6% del PIB, para 2026 se perfila que sea apenas del 1.7%, alertó Judith Méndez, directora adjunta de Investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Este recorte se ha trasladado al bolsillo de las familias: en 2024 el gasto promedio en medicamentos por hogar alcanzó los 480 pesos trimestrales, más del doble que en 2018, cuando era de 222 pesos.
Carlos Vázquez, investigador de México Evalúa, subrayó que la desigualdad en el acceso también responde a la situación laboral: “El 34% se atiende en el sector público, 66% en el privado y 6% no se atiende”.
“La salud no es una prestación, es un derecho”
Los expertos coincidieron en que este deterioro en la cobertura no solo frena la movilidad social, sino que amplía las brechas de desigualdad.
“La salud es un derecho universal, no debe ser vista como una prestación; revertir el deterioro en la atención debe ser una prioridad de los gobiernos, tanto federal como estatales”, concluyeron.