El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), lo que permitirá a la institución construir y arrendar viviendas a través de una empresa filial. La minuta fue enviada al Ejecutivo federal para su publicación y entrada en vigor.
La votación en lo general arrojó 71 votos a favor, 36 en contra y dos abstenciones, mientras que en lo particular se aprobó con 67 votos a favor y 35 en contra. La decisión ha generado un intenso debate en el Congreso y entre la ciudadanía, pues mientras el oficialismo celebra la medida como un acto de justicia social, la oposición advierte riesgos en el manejo de los recursos del Infonavit.
Posturas encontradas: ¿beneficio social o riesgo financiero?
Desde la bancada de Morena, la senadora Blanca Judith Díaz Delgado aseguró que la reforma es una forma de “resarcir el daño de los neoliberales” y fortalecer el acceso a una vivienda digna para los trabajadores. Subrayó que la Cuarta Transformación busca garantizar el derecho humano a la vivienda y corregir las deficiencias de administraciones anteriores.
Sin embargo, desde el PAN, Gina Gerardina Campuzano González advirtió que la reforma abre la puerta para que el gobierno utilice los ahorros de los trabajadores sin rendir cuentas claras. «Quieren agandallarse 2.4 billones de pesos, afectando a 77 millones de familias», señaló la legisladora, quien teme la falta de transparencia en la operación de la empresa filial encargada de la construcción y arrendamiento de viviendas.
El PRI, a través de Mely Romero Celis, sostuvo que aunque están a favor de la vivienda digna y accesible, esta reforma pone en riesgo el control del Infonavit al eliminar el esquema de “tripartismo” que por más de 50 años ha garantizado el manejo equilibrado de los recursos entre trabajadores, patrones y el gobierno.
Por su parte, Waldo Fernández González, del PVEM, defendió la reforma argumentando que permitirá recuperar viviendas abandonadas y destinarlas a arrendamiento social con pagos accesibles. Mientras tanto, la senadora del PT, Geovanna Bañuelos de la Torre, aseguró que el acceso a una casa propia dejará de depender del mercado inmobiliario y las grandes desarrolladoras, impulsando una política pública centrada en la justicia social.
¿Qué dice la reforma?
El nuevo marco legal establece que los recursos del Infonavit se destinarán a la construcción de vivienda mediante una empresa filial, lo que permitirá aumentar la oferta de vivienda para arrendamiento o compra. También busca fomentar el desarrollo económico local y la creación de empleos.
Asimismo, la reforma estipula que el Infonavit deberá informar periódicamente en su portal sobre la situación financiera y administrativa del fondo y de su empresa filial, incluyendo proyectos, contrataciones y riesgos asociados. Además, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con apoyo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, supervisará las operaciones de crédito para garantizar su correcto funcionamiento.
¿Qué sigue?
Con la minuta enviada al Ejecutivo federal, la reforma podría entrar en vigor en los próximos días, lo que marcaría un nuevo capítulo en la historia del Infonavit. Mientras el gobierno celebra este paso como un avance en el derecho a la vivienda, la oposición y algunos sectores de la sociedad exigen claridad y garantías para evitar el mal uso de los recursos de los trabajadores.
El debate está abierto: ¿es esta reforma el camino hacia una vivienda digna para todos o una medida que pone en riesgo el ahorro de los trabajadores?