Por primera vez en la historia del país, México contará con un sistema de salud que permitirá que IMSS e ISSSTE atiendan a pacientes que no sean derechohabientes, con el objetivo de garantizar atención médica para todas las personas que la necesiten. La reforma a la Ley General de Salud fue aprobada anoche por el Senado con 76 votos a favor y 37 en contra, marcando un cambio estructural en el sistema público.
La reforma establece que cualquier persona, tenga o no afiliación, podrá acceder a los servicios de salud de cualquier institución pública conforme al padecimiento, la urgencia médica o la accesibilidad geográfica. Para ello, se implementarán convenios de intercambio de servicios, mediante los cuales la institución de origen compensará los gastos a la que otorgue la atención.
Estos convenios deberán garantizar la continuidad en la atención, así como el suministro de medicamentos e insumos, bajo un principio de reciprocidad entre instituciones. El propósito, señala el dictamen, es asegurar un acceso efectivo, oportuno y de calidad para toda la población.
La reforma también otorga nuevas facultades al Secretario de Salud, quien podrá planear e integrar la demanda nacional de medicamentos, equipo médico de alta tecnología y otros insumos, además de dar seguimiento a las contrataciones consolidadas del sector salud. Asimismo, se priorizará la participación de empresas con inversión instalada en México o que desarrollen innovación y producción de dispositivos y medicamentos.
Otro eje central es la creación de una base nacional de información en salud, que integrará datos sobre infraestructura, equipamiento y servicios prestados, y que alimentará la planeación estratégica del sistema. Paralelamente, se implementará un Plan Maestro Nacional de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico de Alta Tecnología, encargado de coordinar la creación, ampliación y modernización de unidades médicas.
Finalmente, la reforma ordena la conformación del Sistema Federal Sanitario, integrado por la Cofepris y las autoridades estatales de protección sanitaria, para fortalecer la vigilancia, regulación y control en todo el país.
Con esta transformación, el Estado mexicano busca sentar las bases de un sistema de salud más integrado, eficiente y universal, en el que la institución deje de ser un límite y la atención se convierta en un derecho garantizado.