Una corte civil en Miami, Florida, dictó una sentencia millonaria contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, y su esposa, Cristina Pereyra, por su participación en un esquema de corrupción y desvío de recursos públicos, cuyas operaciones afectaron al erario mexicano por más de 745 millones de dólares.
De acuerdo con la resolución del Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, García Luna deberá pagar una multa de 748 millones de dólares, mientras que Pereyra fue sentenciada a cubrir mil 740 millones, al ser señalada como parte clave en el entramado empresarial que recibió contratos ilegales con dependencias de seguridad pública en México durante el tiempo en que su esposo ocupó altos cargos en el gobierno federal.
La investigación, impulsada por el gobierno de México desde septiembre de 2021, reveló que una red de empresas familiares, con operaciones en varios países, obtuvo al menos 30 contratos con instituciones públicas mexicanas, mediante los cuales extrajo cerca de 745.9 millones de dólares del erario. Estos recursos fueron enviados al extranjero mediante complejos mecanismos financieros, incluyendo el uso de paraísos fiscales, con el objetivo de ocultar su origen y destinarlos a la compra de propiedades, vehículos y otros activos en Florida.
“El dinero del pueblo mexicano fue canalizado hacia el extranjero bajo estructuras corporativas que pretendían lavar el rastro de los recursos saqueados. Esta sentencia busca resarcir ese daño”, afirmó una fuente cercana al caso.
Este juicio civil es independiente del proceso penal que García Luna enfrenta en la Corte del Distrito Este de Nueva York, donde fue declarado culpable en febrero de 2023 por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa, entre otros cargos. Por ese caso, el exfuncionario fue condenado a 38 años y cuatro meses de prisión, además de una multa por 2 millones de dólares. Actualmente, cuenta con una prórroga de cuatro meses concedida por una corte de apelaciones para impugnar su sentencia.
La reciente decisión en Florida representa un avance significativo en los esfuerzos del Estado mexicano por recuperar activos obtenidos ilegalmente y enviados a Estados Unidos, marcando un precedente legal en la lucha contra la corrupción de exfuncionarios de alto nivel.