Redacción
México.- En cumplimiento con la suspensión definitiva otorgada por una jueza a la organización Educación con Rumbo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha confirmado que México sigue adelante con los trámites necesarios para participar en la prueba PISA 2025 de la OCDE. Esta decisión se produce después de un litigio que la organización mantuvo desde finales de abril, logrando asegurar la continuidad de la evaluación internacional en el país.
El Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a través del amparo 840/2024, ordenó a la SEP llevar a cabo todos los trámites y gestiones necesarios para garantizar la realización de la Prueba PISA. La SEP ha demostrado que se encuentra en proceso de realizar el pago de 181 mil 216 euros (aproximadamente 3.5 millones de pesos) a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para la implementación de la prueba.
Miguel Ángel Ortiz Gómez, abogado constitucionalista a cargo del caso e integrante de la firma Cuatrecasas, destacó que el cumplimiento de la suspensión definitiva por parte de la SEP refuerza el Estado de Derecho, subrayando la importancia del derecho humano a la educación. Ortiz Gómez elogió la labor del Poder Judicial de la Federación en la protección de este derecho fundamental para los niños en México.
Paulina Amozurrutia, Coordinadora Nacional de Educación con Rumbo, extendió una invitación a la SEP y al equipo de transición de la virtual ganadora a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, para colaborar en el diseño del Programa Sectorial de Educación 2024-2030. Amozurrutia ofreció la infraestructura técnica y humana de la organización para trabajar de manera corresponsable en la creación de políticas públicas educativas.
La participación de México en la prueba PISA es crucial para evaluar el desempeño educativo del país en comparación con otras naciones y para identificar áreas de mejora en el sistema educativo nacional. La coordinación entre la SEP, el Poder Judicial y la sociedad civil destaca la importancia de un enfoque colaborativo para garantizar el derecho a una educación de calidad para todos los niños en México.