Redacción
México.- Luego de una tendencia de cinco meses a la baja, junio cerró con 10 multiejecuciones —en las que hubo cinco muertos o más en un mismo hecho—, con lo que se convirtió en el peor mes del año por ataques de este tipo.
Catalina Pérez Correa, profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), atribuyó esta violencia a rompimientos de acuerdos políticos en mercados ilícitos, tras la reconfiguración electoral.
“Normalmente las elecciones tienen un efecto asociado al rompimiento de acuerdos políticos que existen en torno a mercados ilícitos, cuando cambia el balance de fuerzas políticas, se rompen estos acuerdos, y también la crisis financiera que estamos viviendo es otro factor que está contribuyendo a esto”, explicó.
En todo lo que va de 2021, México suma al menos 40 masacres que dejaron 293 víctimas.
Estas multiejecuciones han ocurrido en Guanajuato, Baja California, Ciudad de México, Veracruz, Zacatecas, Tamaulipas, Guerrero, Jalisco, Chihuahua, Michoacán, Estado de México, Sonora, Nuevo León, Chiapas, San Luis Potosí y Tabasco.
En enero se registraron 12 masacres, con 88 muertos; posteriormente, las multiejecuciones de este tipo disminuyeron a seis durante febrero; cuatro en marzo; cuatro en abril, y cuatro más en mayo.
Sin embargo, en junio se recrudeció este tipo de violencia, pues tras el asesinato de seis personas en Pueblo Nuevo, Chiapas, el 5 de junio, se dispararon los multihomicidios justo después de las elecciones.
El 6 de junio, en pleno desarrollo de votaciones en San Luis Potosí, se informó el hallazgo de nueve cuerpos en el Municipio de Vanegas.
El hilo de las nueve multiejecuciones después de las elecciones incluyen a 19 personas —15 de ellas civiles inocentes— en la masacre de Reynosa, Tamaulipas, así como las 18 personas asesinadas tras un enfrentamiento entre grupos delincuenciales en Valparaíso, Zacatecas, el 25 de junio.
En ese contexto, la especialista Catalina Pérez Correa criticó que la actual administración federal siga priorizando el despliegue de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, en lugar de fortalecer a las Policías estatales y municipales para los distintos delitos que ocurren en las entidades. “Vamos al revés, echando mano de Fuerzas Armadas por delante, como si hubiera la posibilidad de una sola respuesta”, señaló.