La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó reducir las remuneraciones de 330 altos mandos, incluidos los 11 ministros, para que no superen el salario de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. En sesión privada, el pleno votó 10 a 1 para respaldar el proyecto presupuestal de 5 mil 922.9 millones de pesos para 2025, una cifra 1.4% menor en términos reales respecto al presupuesto del año pasado.
Este ajuste salarial reduce las remuneraciones anuales de los ministros de 5.5 millones de pesos a 2.8 millones, un recorte del 48% que incluye sueldos, gratificaciones y otros beneficios sujetos a comprobación, con el fin de cumplir con el artículo 127 de la Constitución y el artículo séptimo de la reforma judicial. Este presupuesto se entregará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) antes del 5 de noviembre.
El presupuesto total solicitado es un 23.7% menor en términos reales comparado con 2018, y la SCJN señaló que el 80% de los fondos solicitados se destinará a servicios personales, principalmente remuneraciones para su personal. La reducción de gasto también abarca servicios personales y contempla una reducción del 4.1% respecto a este año.
Crítica a la aprobación sin cambios
La ministra Lenia Batres fue la única en votar en contra y cuestionó que el proyecto de presupuesto se aprobara sin ajustes. Según Batres, el presupuesto aprobado supone un incremento de 135.8 millones respecto a 2024. Desde su cuenta de X, la ministra criticó que, pese a su observación de reducir más los ingresos de los ministros y ajustar partidas, los recursos permanecen en rubros que consideró «ajenos» a las funciones de la SCJN, como actividades culturales, deportivas y servicios comerciales.
Además, la ministra argumentó que se aprobaron gastos que la Ley de Austeridad prohíbe, como seguros médicos mayores, y pidió una mayor transparencia en los fideicomisos de la SCJN. «Se mantiene una remuneración inconstitucional al integrar conceptos prohibidos por la ley”, destacó.
Transparencia en la SCJN
El debate interno sobre los ajustes salariales y la eficiencia presupuestal refleja un esfuerzo por cumplir con los principios de austeridad, a pesar de la polémica sobre la implementación de algunas medidas.